“No tan distintos”: el lugar de la política en los discursos de Unión por
Córdoba y el Partido Nuevo
“Not that different”: the place of politics in the
discourses of Unión por Córdoba and the Partido Nuevo
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Juan Manuel Reynares
juanmanuelreynares@hotmail.com
Universidad
Nacional de Villa María, CONICET, Argentina
María Virginia Tomassini
tomassinivirginia@hotmail.com
Universidad
Nacional de Villa María, Argentina
Resumen
En el presente artículo reflexionaremos sobre los momentos de emergencia de dos actores políticos
cordobeses, Unión por Córdoba y Partido Nuevo, cuya aparición produjo a partir
de 1999 transformaciones en el sistema de partidos de la provincia de Córdoba.
A pesar de ser espacios opositores entre sí y haber sido protagonistas de
procesos de construcción institucional diferentes, sostendremos a lo largo del
texto que los mensajes centrados en la transparencia y la eficiencia, con que
ambos actores se legitimaron, tienen sentido a partir de su articulación
parcial en un mismo imaginario neoliberal, que desconoce el carácter
conflictivo de la política.
Palabras clave: Unión por
Córdoba; Partido Nuevo; corrupción; análisis del discurso; perspectiva
organizacional
Abstract
In this paper, we will analyse the
appearance, since 1999, of two political actors from Córdoba, Unión por Córdoba
and Partido Nuevo, which provoked changes in the
party system of the Córdoba district. Despite of being opposing political
spaces and having gone through different processes of institutional
construction, in this paper we will set out that both political actors looked
for political legitimation through a discourse
structured on signifiers such as transparency and efficiency. This was possible
because of a shared partial articulation within a neoliberal imaginary, which
fails to recognize the contentious character of politics.
Keywords: Unión por
Córdoba; Partido Nuevo; corruption; discourse analysis; organizational analysis
Hasta
1998, el sistema de partidos cordobés se ordenaba a partir de la preeminencia
de la Unión Cívica Radical (UCR), que había ganado todas las elecciones desde
1983, y el Partido Justicialista (PJ), como su principal competidor. No
obstante, entre 1999 y 2003, el escenario político-partidario cordobés se
transformó. En primer lugar, el PJ provincial logró llegar al gobierno, a
través de la coalición Unión por Córdoba (UpC) con
algunos partidos menores. En segundo lugar, en 2003 un nuevo actor político, el
Partido Nuevo (PN) liderado por Luis Juez, ganó las elecciones municipales en
la Ciudad de Córdoba y comenzó a consolidarse como el tercer partido
provincial.
Desde
sus inicios, el PN surgió como fuerte oposición a UpC,
denunciando su gobierno por múltiples casos de corrupción. Más en general, el
PN pretendía encarnar la “nueva política”, que reconstruyera los vínculos
representativos que se habían roto entre los partidos políticos y la ciudadanía
(Varetto, 2004; Tomassini,
2015). No obstante, tanto UpC como el PN construyeron
sus mensajes políticos de un modo similar: identificando como el principal
problema a la corrupción, proponían llevar transparencia al Estado, a través de
la intervención de personas honestas y “ajenas” a la política tradicional, o
bien a través de reformas institucionales. En ambos casos, la política era
reducida a la pura gestión en la que sólo era necesaria transparencia para
garantizar su eficiencia.
En
lo que sigue, estudiaremos los momentos de emergencia de estos dos actores
políticos, UpC y el PN, tanto desde su dimensión
organizacional (Panebianco, 1990) como
político-discursiva (Laclau y Mouffe, 2005; Laclau, 2000). Nos interesa
destacar que si bien los procesos de construcción institucional fueron bastante
diferentes, hay llamativas similitudes en lo referido al modo en que se
interpretaban los problemas políticos locales y sus respectivas soluciones.
Ello implica que los motivos de la conflictividad entre estos actores políticos
han radicado más en disputas personales que en alguna diferencia en sus miradas
más generales sobre la organización social y el rol de la política. En efecto,
sostenemos que los mensajes centrados en la transparencia y la eficiencia, con
que ambos actores se legitimaron, tienen sentido a partir de su articulación
parcial en un mismo imaginario neoliberal, que desconoce el carácter
conflictivo y programático de la práctica política y la confina a la resolución
de problemas para la adaptación a una realidad social interpretada como
inevitable.
En
las elecciones de 1998 la Unión Cívica Radical pierde por primera vez la
gobernación provincial a manos de UpC.[1] La predominancia de la UCR se
extendía desde 1983, con tres administraciones de Eduardo Angeloz
y una de Ramón B. Mestre, quien desde 1995 había introducido abruptas medidas
de ajuste fiscal y reducción del gasto público al recibir el gobierno con
serios problemas de financiamiento corriente (Closa,
2010; Autor 2014). Para comprender la emergencia de UpC
es necesario tener en cuenta dos procesos históricos que se articulan
estrechamente: la construcción de una coalición dominante (Panebianco,
1990) dentro del PJ por parte de José Manuel De la Sota[2]; y la identificación política de
esta élite dirigencial con un discurso neoliberal
desde fines de los 80.
La
conformación de una coalición dominante dentro de un partido político depende
de la capacidad de un grupo de dirigentes para manejar la mayoría de los
recursos organizacionales más importantes del partido. Comenzando por el
control de la autoridad partidaria, De la Sota fue elegido presidente del
Consejo provincial del PJ en 1997. No obstante, esa posición no garantizaba el
control efectivo de la organización partidaria, dada la informalidad
característica del PJ (Levitsky, 2005; Levitsky y Freidenberg, 2007). Su
posición como el principal dirigente peronista de Córdoba se consolidó cuando
construyó su figura como portavoz del PJ local frente al gobierno provincial
confrontando con el gobernador Mestre sobre las fechas de las próximas
elecciones (La Voz del Interior [LVI], 02/04/1998), y frente a la dirigencia
nacional organizando el acto partidario en la ciudad serrana de Cosquín con que el presidente Menem pretendía reforzar su
proyecto reeleccionista (LVI, 20/06/1998).
A
ello se agregaba su buena relación con los principales dirigentes de las
organizaciones partidarias cercanas, como Germán Kammerath
(UCeDé) y los técnicos y economistas que
desarrollaron su Programa de Gobierno, de amplia trayectoria en organismos
financieros internacionales, como Humberto Petrei.
Con respecto a la normativa partidaria, a través de una discutida reforma de la
Carta Orgánica, se habilitaba a De la Sota, como presidente del Consejo
Provincial, a modificar un 20 por ciento de la lista de cargos legislativos
luego de las internas (LVI, 19/07/ 1998). De ese modo, en algo más de un año De
la Sota fue capaz de concentrar, en su persona y en un grupo de dirigentes
allegados, el manejo de los principales recursos organizacionales del PJ, tanto
sean formales como informales: la autoridad partidaria, el control de las
alianzas y la definición de candidatos, la relación con el principal partido
opositor, además de la negociación con la dirigencia nacional del peronismo.
No
obstante, la capacidad del sector liderado por De la Sota para ubicarse en el
centro de la coalición dominante del partido no implica necesariamente
la conformación de una alianza electoral como UpC,
con sectores reconocidos como liberales y bajo una impronta de refundación
provincial, transformación estatal y modernización administrativa. Es decir, la
dinámica institucional que explica el liderazgo interno de De la Sota no
responde a la pregunta por el modo en que la coalición dominante del peronismo
cordobés vuelve legítima una expresión electoral como Unión por Córdoba. De esa
manera, si bien el estudio en clave organizacional nos permite comprender la
constitución de la coalición dominante del PJ hacia mediados de 1998, guarda
silencio ante el interrogante por las condiciones de posibilidad de Unión por
Córdoba. Se vuelve necesario entonces dar cuenta de la dimensión ideológica de
este fenómeno político, rastreando el proceso histórico de identificación
política por el que esta opción electoral se volvió la más adecuada y legítima
en el abanico de posibles opciones de la dirigencia del peronismo local.[3]
En
efecto, en 1998 UpC surge como un actor político
sobre dos claves de sentido: la necesidad de apertura al conjunto de los
cordobeses, por un lado, y la vinculación directa entre esa participación y una
mayor “ética” en el gobierno futuro. Eso podía observarse en la campaña
electoral:
Siempre hemos sido proclives
a la apertura. Creemos que hay que reemplazar a los políticos radicales por
hombres y mujeres de la cultura, del empresariado, del trabajo, de las
universidades y de la política de todos los sectores sociales (Palabras de De
la Sota en LVI, 21/06/1998). [4]
La
definición de UpC vinculaba entonces cierta tradición
peronista de apertura a sectores sociales extrapartidarios al decir que
“siempre hemos sido proclives a la apertura”, con un llamado a la participación
de los cordobeses que aseguraría “un gobierno ético” (Programa de Gobierno
“Córdoba Nuevo Siglo” [CNS]: 2). Ello resolvería los problemas del Estado
cordobés que surgían del diagnóstico de UpC, es decir
la corrupción y el exceso de gasto público luego de 15 años de gobiernos
radicales:
Córdoba cobr[a]
los impuestos más altos de todo el país, sin que ofrezca servicios públicos a
la altura de esos impuestos… [y] el aumento de la
deuda pública del Estado… e incluso … la creciente evasión de impuestos (CNS,
p. 3).
De
esa manera, la apertura partidaria de UpC se volvía
necesaria por el diagnóstico sobre la situación del Estado local. La
ineficiencia de los anteriores gobiernos radicales se observaba en la
combinación de una fuerte presión impositiva, una deficiente calidad de los
servicios públicos y una cerrazón que impedía la participación y quitaba
transparencia a la administración. Lo que se cobraba a los ciudadanos ―a los
que se ubicaba preponderantemente en su calidad de contribuyentes, clientes e
inversores del Estado― no se condecía con el producto que el Estado debía
ofrecer. Y estos inversores del Estado, que lo solventaban con sus impuestos, no
podían conocer qué hacían los funcionarios con su dinero. El diagnóstico del
Plan de gobierno de UpC sobre la situación estatal
provincial se basaba en una analogía con lo que debería ser una empresa
privada, es decir, bajos precios, buenos productos y plena información a sus
inversores/clientes.
En
pos de un “Estado cristalino y eficaz”, era necesario el control tanto interno
como externo de la gestión. La transparencia aparecía como un objetivo que
garantizaba por sí misma la eficiencia del Estado, por lo que ambos objetivos
se articulaban entre sí en el marco de una cierta lectura de la política, y el
Estado en particular, como ámbito de opacidad y corrupción. Además de diversos
sistemas de control interno, UpC consideraba que la
participación de la ciudadanía garantizaría “un gobierno ético”.
Apertura, transparencia y
eficiencia se vinculaban estrechamente
en la campaña de UpC en 1998. Esa relación entre
significantes era, a un mismo tiempo, el efecto de una trayectoria identitaria centrada en esos términos, como así también de
un contexto político que ubicaba a la transparencia y la eficiencia del Estado
en un lugar preponderante. Esto último se observa en el modo en que el problema
de la eficiencia del gasto público había justificado las privatizaciones a
nivel nacional desde principios de la década, así como la corrupción se había
erigido en la principal acusación de la oposición al menemismo (Oszlak, 2002; Pereyra, 2013; Morresi,
2009). En el caso del peronismo cordobés, entonces, el uso de estos términos no
se trataba de una novedad completa, sino más bien de una repetición que
encontraba en cada caso una enunciación particular. Analizaremos esta
trayectoria en el próximo apartado, deteniéndonos en las dos campañas
electorales previas por la gobernación, en 1991 y 1995.
En
1991, el PJ se presentó a elecciones provinciales a la cabeza de una alianza
con diversas organizaciones sociales locales, con el nombre de Unión de Fuerzas
Sociales (UFS). Planteaba De la Sota, su candidato a gobernador, que: “… la
gente no quiere un tiempo radical ni uno peronista sino un tiempo cordobés,
donde los partidos tengan su espacio pero donde los independientes sean tanto o
más importantes” (LVI, 01.07.1991, 6 A). Dicha inclusión de personas que no
provenían del ámbito de los partidos políticos contribuía al mismo tiempo a la
resolución de los problemas del Estado provincial: el excesivo gasto por la
corrupción y la presencia de ñoquis,
empleados públicos que cobraban sin trabajar y que habían sido contratados por
influencias partidarias.[5] Los partidos políticos se habían
vuelto ámbitos que sólo eran útiles para la competencia entre dirigentes,
quienes dejaban de preocuparse así por los problemas sociales y malgastaban el
dinero que los ciudadanos, en tanto contribuyentes, aportaban. La apertura a
diversas personalidades de la sociedad local significaba la superación del
modelo partidario corrupto y el logro de la eficiencia a través de la
transparencia.
En
1995, el contexto de la campaña y la elección a gobernador fue una profunda
crisis fiscal de la Provincia. La crisis financiera mexicana de comienzos de
1995, llamada “el efecto Tequila”, la renuencia del Ministerio de Economía
nacional para aprobar préstamos a la provincia de Córdoba —dentro de la
negociación por la nacionalización de la Caja de Jubilaciones provincial— e
irregularidades varias en el manejo de Tesoro cordobés fueron algunas de las
razones que pueden explicar la crisis local. En esa discusión se cruzaban
diversas interpretaciones: el radicalismo consideraba que la falta de ayuda de
la Nación ahogaba financieramente a la Provincia, mientras que la dirigencia
peronista culpaba a la corrupción e ineficiencia de las gestiones de Angeloz.[6]
En
el marco de esa interpretación de la crítica situación local, el candidato a la
gobernación en el Partido Justicialista fue Guillermo Johnson, un exjuez provincial que había adquirido notoriedad por su
trabajo en la investigación, nunca esclarecida, del asesinato de Regino Maders, senador provincial radical que investigaba
irregularidades en la Empresa Provincial de Energía (EPEC). Allí, lo que
permitiría la transparencia en el manejo de los fondos públicos y por ende la
eficiencia del Estado era el llamado hacia “hombres éticos de verdad” (LVI,
05/05/1995, p. 9 A), lo que se resumía en la figura de Johnson y su exitosa
carrera en la Justicia. Frente a la corrupción que provocaba ineficiencia, la
propuesta del peronismo era la de dejar el manejo de la cosa pública en manos
de personas exitosas.
Tanto
en 1991 como en 1995, el elemento ético que parecía propio de la sociedad civil
en sus diversas variantes podía resolver la corrupción que estaba en las mismas
raíces del Estado, llevando transparencia a ese ámbito y por ende garantizando
una mayor eficiencia. Al conformarse en 1998 UpC, su
mensaje político consolidó esta interpretación sobre la política, los problemas
provinciales y sus soluciones, aunque con sus particularidades. En esa ocasión,
la relación entre apertura, transparencia
y eficiencia se sostuvo, además, sobre la
innovación tecnológica como vehículo para la transparencia y sobre la
generación de condiciones institucionales para la producción de eficiencia en
el aparato estatal.
Además
de la convocatoria a profesionales, en el plan de gobierno esbozado en “Córdoba
Nuevo Siglo” (CNS), la configuración institucional del Estado debía ser abierta
a la ciudadanía para alcanzar la transparencia, dando lugar a aquellos que no
eran políticos o burócratas, sino ciudadanos. No obstante, no existía una
apelación pretendidamente universal a la ciudadanía, sino que la “apertura al
poder ciudadano” implicaba una convocatoria a aquellos que pagaban sus
impuestos y no recibían servicios de calidad. Aquellos que entraban en una
relación de intercambio cliente-empresa con el Estado y cuyas demandas eran
insatisfechas. Esos ciudadanos que se volvían competentes en el ámbito más
extendido del mercado, se volvían capaces para controlar los resultados de la
gestión, aportando así transparencia a un ámbito caracterizado por la opacidad
y la corrupción.
Al
mismo tiempo, los avances tecnológicos posibilitaban esta intervención, con la
llegada del nuevo siglo. El gobernador De la Sota lo planteaba con imágenes muy
simples, haciendo uso de relatos ya disponibles y creíbles, tales como la
innovación informática:
El día que ingresé por
primera vez en el despacho de la Casa de Gobierno destinado al gobernador,
encontré sobre el escritorio una computadora 386, con más de 10 años de
antigüedad. Una computadora… que hoy no sirve para controlar la marcha de las
reparticiones públicas y sus gastos. Mucho menos para navegar por Internet
(LVI, 06/02/2000, p. 15 A).
La
escasez de tecnología que podía observarse en esa falta puntual de infraestructura
indicaba el atraso que el Estado cordobés poseía en general, la “computadora
386” denotaba una situación que debía cambiar por el mismo peso de la rapidez
con que se producían los adelantos tecnológicos. Éstos eran interpretados como
medios para mejorar el control y la comunicación, y por ende la eficiencia de
los procedimientos gubernamentales.
La
solución principal radicaba entonces en dar transparencia a la gestión pública
al poner a disposición de los interesados ―los contribuyentes que ponían su
dinero en el Estado― los canales de información necesarios para controlar a los
funcionarios mediante avances tecnológicos, que impediría el uso de los
recursos de todos para beneficio de unos pocos, la clase política.[7]
En
la propuesta de UpC, la transparencia ―como respuesta
a la corrupción― se garantizaba por el acceso a la información y la
participación de los ciudadanos. La ética, en el mismo sentido, era garantizada
por dos vías convergentes. En primer lugar, como un elemento autónomo que intervenía
voluntariamente desde alguna instancia externa, en la figura de empresarios o
profesionales, tal como había sido el planteo de esta misma fuerza política en
las campañas anteriores de 1991 y 1995, ya sean “hombres y mujeres prestigiosas
de los actores sociales” u “hombres éticos de verdad”. En segundo lugar, en
1998 los cordobeses podían asegurar un gobierno ético, pero sólo a partir de un
esquema institucional y tecnológico que lo hiciese posible. El carácter ético
de ese Estado cordobés reformado emergía como un efecto de la modernización del
aparato institucional que se pondría a disposición de los cordobeses.
De
esta manera, el sentido que se le imputaba a la ética como forma de combatir a
la corrupción por parte de UpC en 1998 recuperaba, y
al mismo tiempo desplazaba, los usos que rastreamos en la trayectoria identitaria del peronismo cordobés durante las campañas
electorales anteriores. En ellas, como mencionamos más arriba, la ética estaba
atada a la participación de ciertas personas provenientes de la sociedad como
extrapartidarios, lo que traería aparejado un efecto clarificador en la
gestión. Lo negativo y opaco del Estado sería resuelto por la transparencia y
honestidad de la sociedad en la figura de individuos éticos. En 1998, por su
parte, la solución al problema de la opacidad e ineficiencia suponía la
participación de referentes sociales exitosos y honestos, e incluía también una
reformulación institucional que hacía del Estado un ámbito más dentro de la
lógica de la competencia de mercado que estructuraba las interacciones
sociales. Así garantizaba servicios de calidad e impuestos bajos, mediante
mecanismos de transparencia para sus principales inversores, es decir los
ciudadanos que pagaban sus impuestos y controlarían por ello el accionar
estatal.
El
sistema de partidos de Córdoba sufrió una transformación significativa cuando
en el año 2003 surgió una tercera fuerza que se vio reflejada en los comicios
municipales de la Ciudad de Córdoba, produciéndose el triunfo del Partido Nuevo
liderado por el ex funcionario peronista, Luis Juez. Este nuevo partido
político que venía a representar “la renovación” comenzó a expandirse a nivel
provincial posicionándose como segunda fuerza en las elecciones a gobernador
del 2007.[8]
La
historia del Partido Nuevo comenzó cuando el entonces gobernador de Córdoba
José Manuel De la Sota creó la Fiscalía Anticorrupción, dirigida desde mediados
de 2000 por Luis Juez. Desde allí, Juez realizó más de 30 denuncias de
corrupción a referentes oficialistas, entre ellos, la entonces esposa del
gobernador De la Sota, Olga Riutort. Estas denuncias,
desembocaron en el pedido de renuncia de su cargo en octubre de 2002.
En
ese contexto sucedió el hecho que -según el líder del Partido Nuevo- definió su
alejamiento del PJ cordobés. Unos días después de su pelea con De la Sota nació
su hija Milagros (con discapacidad y grave estado de salud). Según sus propias
declaraciones, Juez fue víctima de soborno del entonces Gobernador, quien pedía
la desestimación de las denuncias a cambio de cesantear a Juez, para que no
perdiera la obra social. Esto condujo a la renuncia de Luis Juez del PJ y la
creación de una nueva fuerza política provincial: el Partido Nuevo.
Esta nueva fuerza quedó conformada
jurídicamente en 2003, lo que lo habilitó a participar de las elecciones a
nivel municipal en la ciudad de Córdoba y las elecciones legislativas
provinciales y nacionales a través de una coalición que se denominó Frente Nuevo
conformada por el Partido Nuevo, el Frente Grande, Cambio Córdoba y el Vecinalismo. En este escenario, Luis Juez fue electo
intendente con el 62 % de los votos (Tomassini, 2015).
El
partido se conformó a partir de un grupo ideológicamente heterogéneo que se
articuló en torno al liderazgo central de Luis Juez simbolizando la lucha por la transparencia y contra la corrupción de los
aparatos tradicionales. Esta heterogeneidad y este discurso anticorrupción se
reflejaban en la carta constitutiva del PN:
Decidió convocar, sin
distinción de ideologías a todos aquellos que tuvieran como principal objetivo
enarbolar las banderas contra la corrupción de la política argentina (…) el
Partido Nuevo, contra la corrupción por la honestidad y la transparencia, fue
constituida por un grupo políticamente heterogéneo (Carta presentación Partido
Nuevo de Córdoba, 5 agosto 2008).
En
sus inicios, el partido estuvo compuesto por disidentes de los partidos
tradicionales, por sectores independientes y por un grupo de amigos cercanos de
Luis Juez, entre ellos, ex compañeros del Liceo Militar. Su constitución y su
inserción en la arena política local, y posteriormente provincial, significó la
creación de una tercera fuerza partidaria con capacidad de disputa electoral en
Córdoba. Siguiendo los principales factores que postula Panebianco
(1990) en el modelo genético, se puede decir que además del contexto de crisis
política, económica y social en el que surgió, el rasgo que lo distinguió fue
la figura de un líder carismático: Luis Juez (Tomassini,
2015).
Los
aspectos organizacionales se concentraron en las manos del líder, estando la
coalición dominante integrada por personas allegadas a Juez, sin estructura
formal que delimitara sus alcances. Cuando Juez decidió convocar y formar una
nueva fuerza partidaria, recurrió a amigos, ex compañeros liceístas, compañeros
de militancia peronista que comenzaron a realizar reuniones y visitas en los
diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. En dichas reuniones, con el
discurso de la “Renovación”, hablaban de la intención de cambiar los modos
tradicionales de la política y de esa forma transformar la ciudad. En aquel
momento, las reuniones eran de tipo informal y siempre se reunía un pequeño grupo
de personas, por lo general conocidos del grupo cercanos a Luis Juez, hasta que
se hicieran cada vez más frecuentes y convocantes (Tomassini,
2015).
Comenzó
entonces el proceso formal para poder formar parte del proceso eleccionario de
2003 por la intendencia de Córdoba. Los militantes hacían campañas, invitaban a
afiliarse para poder acceder a la personería. Según militantes del partido, el
proceso de afiliación fue un proceso complejo: “Les faltaba un acento y te
devolvían la ficha, te ponían mil palos en la rueda. La gente nos pedía fichas,
íbamos a la Junta Electoral y nos daban veinte.” (Entrevista con la
autora).Finalmente se concretó la personería como “Partido Nuevo, contra la
corrupción por la honestidad y la transparencia”.
En
agosto de 2003, Juez comenzó a presentar a parte del grupo que lo acompañaba.
En su lógica de la renovación y su ubicación “por fuera de la política” sin la
“contaminación de la política”, convocó outsiders, entre ellos el
basquetbolista Héctor Campana, quien se convirtió en el primer candidato a
Concejal del Partido Nuevo en las elecciones de septiembre de 2003. Por aquel
entonces, Campana declaraba: “Elegí a Luis (Juez) porque más allá de que Luis
está moviendo muchas cosas, creo que con él se ve un cambio en la política, en
la forma de hacerla” (Entrevista con la autora, Córdoba, 2009).
Con
énfasis discursivo en acabar con la corrupción, Juez desarrolló un particular
estilo haciendo declaraciones exclamativas para los discursos circundantes como: “El PN impondrá el estilo H, Honestidad y Huevos (…) No va
a haber excusas para que persigamos a los delincuentes y atorrantes que
fundieron la ciudad" (LVI, 5/10/2003).
El
partido quedó conformado entonces con la lucha contra la corrupción como
principal bandera. Por lo que en el punto cuatro de las bases partidarias se
argumentó:
Identificará y combatirá a la
corrupción, concebida como un flagelo social que junto a otros factores
socio-políticos representan un verdadero enemigo generador de retroceso (...)
Su consecuencia es un deteriorado sistema de salud, una insuficiente seguridad
pública, un sistema educativo no equitativo y una limitación por parte del
Estado de intervenir en actividades promotoras del bien común (Bases programáticas
Partido Nuevo).
La
forma de gobierno que estableció en la Carta Orgánica partidaria incluía
órganos de toma de decisiones, la Asamblea Provincial, la Junta Provincial, la
Junta Ejecutiva y las Juntas Departamentales. De esta manera, en septiembre de
2003, participó de la contienda electoral a nivel municipal en la que Luis Juez
es electo intendente. En estos comicios, el porcentaje de votantes fue 82 %,
cuando la cifra promedio era de 78 o 79 % (Tomassini,
2015). Este triunfo le permitió al Frente Nuevo contar, además de la mayoría en
el Concejo Deliberante, con 16 bancas en la Legislatura Provincial, tres
escaños en la Cámara de Diputados de la Nación y un senador nacional,
constituyéndose así en la primera fuerza política de la ciudad y primera
minoría de la provincia de Córdoba.
Luego
de la asunción como intendente de la ciudad de Córdoba, comenzó a plantear la
posibilidad de expandir la nueva fuerza al interior de la provincia. Con
respecto a su organización, el Partido Nuevo se caracterizó por la
preponderancia de lazos y relaciones interpersonales por sobre la estructura
formal. La organización se establecía en base a una Mesa capital y otra
provincial. La coalición dominante, en términos de Panebianco,
estuvo conformada por el mismo Juez y una “mesa chica” integrada por sus
allegados de confianza que resolvían las cuestiones vinculadas al partido.
En
los partidos originados a través de un liderazgo como es el caso del Partido
Nuevo, el manejo de relaciones de poder internas y manejo de las zonas de
incertidumbre pasa por las manos del líder. En su trabajo, López (2012)
describe este fenómeno al interior del juecismo
argumentando que existen en el Partido Nuevo ascensos o “carrera militante” en
base a las relaciones personales establecidas con Juez. Esto generaría, lo que
ya identificaba Panebianco (1990) para los partidos
carismáticos, la competencia de la militancia ante los ojos del líder. El
armado de listas, por ejemplo, era atribución de Juez asesorado por su círculo
chico. En esta decisión, por ejemplo, primaba la lógica de la renovación
política no permitiendo la continuidad de cargos, en los momentos embrionarios
del partido: “En las listas nuestras nunca un diputado renovó, a pesar de que
hicieron muy buena gestión, a pesar de que fueron buenos concejales o buenos
legisladores” (Entrevista con la autora, Córdoba, 2008).
Se
desprende como conclusión que no se priorizó la “creación de estructuras
burocráticas estables”. Levitsky afirma que esta es
una característica de los partidos surgidos en base a un liderazgo
personalista, y que los líderes tenderían a “bloquear la rutinización
de sus reglas internas, sus jerarquías y sus patrones organizativos” (Levitsky, 2005: 26). Estas formas de organización interna,
si bien no muestran de por sí la visión del espacio sobre “lo político”,
manifiestan las estrategias del PN de mostrar una imagen de renovación y
distinción con respecto a las burocracias partidarias tradicionales.
Las
nociones de renovación y honestidad
que se vieron ilustradas en la Carta Orgánica y la organización embrionaria del
PN fueron reflejo de la construcción identitaria que
el juecismo priorizó ante la heterogeneidad
ideológica de sus miembros. El “otro” que el PN construyó como antagónico fue
el político corrupto, deshonesto que no pensaba en la gente, de allí la
denominación de “Partido Nuevo, contra la corrupción por la honestidad y la
transparencia” (Tomassini, 2015). Esta apelación al
“otro” corrupto en constitución de un “nosotros, los honestos” se puede divisar
en los siguientes fragmentos: “Siempre me fui combatiendo hechos terribles de
corrupción” (Entrevista a Luis Juez). “El segundo problema que tiene Córdoba,
además de la seguridad, es la corrupción y la corrupción se enfrenta con
coraje” (Luis Juez. Debate candidatos a gobernador de Córdoba 2007).
En
estos fragmentos, por citar sólo un ejemplo, hace referencia a su partida del
PJ cordobés tras su desempeño como Fiscal Anticorrupción. Como vemos, a pesar
de constituirse como fuerza opositora a UpC, no
manifiesta con ésta diferencias ideológicas sino de valores, interpretados en
el rechazo a los delitos de corrupción de su opositor. Juez expresó en más de
una ocasión que todas las ideologías políticas estaban convidadas a participar
de la nueva fuerza política: los peronistas decepcionados del viejo peronismo
cordobés, los radicales desilusionados de la forma del radicalismo en ese
momento, los socialistas, los independientes:
La responsabilidad está en el
vecino común, radical, peronista, socialista o en los miles de independientes,
(...) a esos que cuando le hablamos de valores se sumaban y que corríamos
cuando queríamos dar discusiones ideológicas que el vecino no quiere dar, el
vecino quiere decencia (Discurso Luis Juez en Acto partidario, noviembre 2009).
El
eje del discurso juecista reposaba en dos cuestiones
centrales: la construcción de Juez como líder que podía unificar los distintos
sectores con valores de “honestidad” y la lucha contra la corrupción: “Hace
seis años yo les decía, ¿cuánta ideología hace falta para tapar un bache? Que
no se roben la plata del asfalto eso es ideología” (Discurso Luis Juez,
noviembre 2009).
La
cuestión de la corrupción se encuentra presente en el documento originario de
la organización partidaria. Así, por ejemplo, en la declaración de principios
del Partido Nuevo, el artículo 13 se expresa en este sentido: “Reconoce a la
corrupción en la gestión pública como una conducta de los individuos desviada
de un orden ético básico (...) se caracteriza por el soborno, la perversión, el
tráfico de influencias en beneficio propio o de grupos” (Declaración de
principios PN).
Esta
consigna institucionalizada en la organización partidaria de la lucha
anticorrupción, también se perfila en las primeras medidas de gobierno de la
gestión municipal juecista. De hecho decide
“combatir” la corrupción del neoliberalismo, encarnadas en las figuras de Kammerath y De la Sota, desde discursos éticos y mecanismos
de la institucionalidad liberal. La primera medida tomada por Juez durante su
Intendencia fue denunciar al ex intendente G. Kammerath.
Bajo
esta impronta anticorrupción, se sancionó también el Código de Ética y se
estableció una política de acercamiento al vecino a través de la publicación de
los teléfonos celulares de sus funcionarios, que fue resistida por algunos de
ellos. La más notoria de las tensiones fue la encabezada por Héctor Campana,
quien se negó en su momento a votar el paquete anticorrupción. Aquí nació la
línea encabezada por el ex basquetbolista que disputó la construcción de poder
interno con otras subcoaliciones (Tomassini,
2015).
A
partir de aquí, se constituye un Frente constituido por el Partido Nuevo,
Socialismo, Partido Comunista, Frente Grande, Libres del Sur y Vecinalismo independiente y patriótico. Este Frente tenía
la particularidad de sostener un importante acento movimientista,
con fuerte trabajo territorial en los barrios cordobeses y escasamente
vinculados a la estructura formalmente constituida.
El
discurso juecista articulaba a estos espacios bajo el
lema de la honestidad y el acento en la cercanía del candidato con la gente.
Sumado a ello, “lo nuevo” venía de la mano del propio Juez, que se presentaba
como la garantía de la lucha contra la corrupción. La insistencia en la
transparencia y en la honestidad, reflejaba en el fondo un discurso conservador
o al menos funcional al discurso neoliberal. No se trataba de cambiar el “orden”
o de modificar los mecanismos de distribución de la riqueza, tampoco
cuestionaba aspectos del medio ambiente u otros aspectos vinculados al
bienestar común. Todo se reducía a una cuestión de “honestidad”, es decir que
todo siguiera igual pero sin corrupción. Su “misión” parecería defender al
“pueblo” de los corruptos y deshonestos. Se representa como un “salvador” de
las instituciones, del civismo, liderando una causa regeneradora de la política
provincial (Tomassini, 2015).
A
pesar de que el PN se constituyó desde su origen como adversario de UpC, el discurso juecista no pone
en discusión el proyecto político de su principal oponente sino los valores con
que lo lleva adelante. El PN articuló en su origen espacios heterogéneos en
cuanto a sus demandas a través de ciertos valores de honestidad y transparencia.
Estos significantes caracterizan un modo de entender la política que,
paradójicamente, también es compartido por UpC, ya
que la necesidad de mayor transparencia en el Estado también es lo que
justifica su reforma para éste último. En este sentido, vemos que la corrupción
—lugar común del discurso posterior a la crisis de representación— está
presente en la lógica discursiva de ambos espacios, pero bajo una
interpretación diferente.
En
el caso del juecismo, la corrupción es asimilada al
“ladrón de turno”. Se hace carne en el político entendiendo a los mismos como
parte antigua y viciada de la política. El político es el corrupto, el corrupto
es De la Sota, Kamerath y los funcionarios de
gobierno. Juez se coloca por fuera de esa lógica no reconociéndose a sí mismo
como político, a pesar de haber ocupado numerosos cargos de gobierno
previamente.
Para
UpC, el corrupto es el Estado a quien viene a
transparentar y eficientizar. El acento no está
puesto en las personas, sino en la estructura burocrático-estatal, que además
de corrupta es costosa, de allí su planteo de una necesaria reforma
institucional, reducción del gasto estatal y la intención de privatización de
empresas estatales.
Podemos
ver entonces cómo ambas fuerzas partidarias despolitizan su discurso. En el
caso de UpC, otorgando al manejo de lo público una
visión de tipo gerencial, al modo de las empresas privadas, como si ello
pudiera asegurar la transparencia que el “Estado corrupto” no puede garantizar.
A diferencia de ello, en el discurso juecista se
visualiza una revalorización de la intervención del Estado: “Concepción del
Estado como instrumento jurídico-social-institucional (...) en un marco de
equidad y justa distribución de la riqueza social” (Art 6, Declaración de
Principios Partido Nuevo).
Teniendo
en cuenta esta visión de Estado del Partido Nuevo, el componente anti-político
del juecismo no está centrado en el achicamiento del
Estado como en el caso de UpC, sino en la
personalización de la política a través de la exaltación de “valores”
representados por el líder. Las cualidades personales de los miembros
partidarios, que se presentan próximos a los vecinos, son para el PN más
importantes que la ideología. En este sentido, Luis Juez se presenta a sí mismo
como “un tipo honesto” con los “huevos” suficientes para pelear contra “los
corruptos” de UpC. Esta valorización personal se ve
también en la mirada positiva del espacio hacia los miembros que “nunca
participaron de la política y se suman al sueño de cambiar Córdoba”, de
“salvarla” de los gobiernos corruptos. En síntesis, el problema de la
corrupción en el discurso juecista está centrado en
la clase política, mientras que en UpC está centrado
en la estructura del Estado.
Así
como UpC y el PN construyeron similares mensajes
políticos respecto del problema de la corrupción y la llegada a la política de
“nuevas personalidades”, también el tópico de la “renovación” ocupó un lugar
importante de sus propuestas. En el contexto de una generalizada crítica a las
instituciones política representativas, ambas fuerzas se presentaban como una
novedad dentro del viciado escenario político local.
Una
vez más, esa novedad se modulaba de modos particulares. Por un lado, UpC enfatizaba su innovación en la manera en que construía
su propuesta con referentes de diversos ámbitos locales, superando el modelo
radical al que consideraba cerrado y perimido por la conformación de un equipo
cuyo “origen ideológico” era irrelevante frente a su capacidad de gestión. Por
su parte, el PN construía el sentido de su “novedad” a partir del escaso
conocimiento que sus dirigentes, y sobre todo Luis Juez, tenían en la opinión
pública local. En todo caso, la renovación política era una construcción que no
dependía de que los dirigentes no hayan participado nunca políticamente, ya que
tanto De la Sota como Juez poseían una larga trayectoria dirigencial
en el peronismo provincial e incluso nacional. Lo importante era mostrar una
nueva forma de hacer política que introducía una ruptura con esquemas
anteriores y que se encarnaba en estos referentes partidarios, o bien en
personalidades de otros ámbitos.
La
renovación política, en el caso del juecismo, estaba
centrada en demostrar un formato diferente al de los aparatos partidarios
tradicionales. En este sentido, se mostraba un esfuerzo en señalar que el nuevo
espacio estaba conformado por personas “independientes”, que no tenían actividad
partidaria previa, y disidentes de los partidos tradicionales que se alejaron
de esos espacios por “la corrupción enquistada en los mismos”. Acorde con esta
lógica de renovación, Juez sumó outsiders a su
espacio, siendo el caso más emblemático el de Héctor Campana, poniendo el
acento en la incorporación de figuras reconocidas socialmente y ajenas a la
política.
Frente
a un escenario de hastío sobre “la política” entre fines del siglo XX e inicios
del XXI, la respuesta de UpC y el PN corría por dos canales.
Por un lado, centraba la propuesta en la personalidad y valores de su líder,
mientras por el otro, mostraba personalidades de otros espacios —profesionales,
empresariales, deportivos, artísticos— que portarían en sí mismos la
transformación de un modo de hacer política. Como en la denuncia de corrupción,
el argumento esgrimido por ambos actores partidarios para sustentar la
renovación política se basaba en una personalización de la representación
política. Esto es, la renovación de la política se cifraba en el carácter del
candidato o del equipo que lo acompañaba, sin que sea pertinente la discusión
de otros aspectos de la planificación o administración pública. Por ende,
remozar la práctica política dependía en gran medida de individuos
específicos, personajes exitosos en
diversos ámbitos, o líderes que mostraban nuevas características de conducción.
Otra
característica compartida por UpC y el PN es la
aceptación de una realidad histórica inevitable ante la cual es necesario
adaptarse. En la propuesta reformista de UpC se
enfatizaba que el Estado provincial debía adaptarse a una realidad política
—marcada por la globalización y el avance tecnológico— que era inevitable. La
práctica política debía reaccionar a cambios que se ubicaban por fuera de su
alcance, actualizándose ya sea mediante avances tecnológicos entendidos como
necesarios y fuera de cualquier discusión política, o bien ante el mero devenir
histórico. De ese modo, por ejemplo, al sostener la importancia de renovar la
política, en 2003, De la Sota anunciaba que su nuevo
gabinete tenía “un promedio de edad de sólo 45 años. Es el gobierno del cambio
en la continuidad. Así como la Argentina eligió cambiar, Córdoba eligió seguir
cambiando” (en LVI, 12/07/2003). Allí la juventud de los funcionarios era una
muestra lo suficientemente evidente de la renovación, ya que ésta se entendía
como la adaptación a una realidad ya desplegada.
En
un sentido similar, la centralidad de la crítica del PN en torno a la corrupción
dejaba sin cuestionar los lineamientos centrales de la administración municipal
previa de Kammerath. Es decir, el foco de la denuncia
no era el modelo de gobierno sino el modo —viciado, criminal, corrupto— de
llevarlo adelante por parte de ciertos funcionarios. Al mismo tiempo, la
insistencia en el rol secundario de cualquier discusión ideológica respecto de
la gestión supone una interpretación de la política que la reduce a la
resolución de problemas, reaccionando ante un devenir inevitable que no se pone
en discusión. Esta visión peyorativa del componente ideológico es expresada en
muchos discursos juecistas. La construcción
heterogénea del Partido Nuevo muestra cómo la articulación del espacio estaba
centrada en el liderazgo de Luis Juez y su lema contra la corrupción, por la
honestidad y la transparencia: “Se aceptan las diferencias ideológicas de
origen pero hay cuestiones que tienen que ver con la honestidad, la decencia y
el manejo de la cosa pública que no se negocian con nadie porque son la base de
esa construcción” (LVI, 25/10/2005).
Hasta
aquí hemos analizado ambos procesos políticos, tanto en su dimensión
organizacional como identitaria, poniendo de relieve
ciertas similitudes en sus propuestas políticas, centradas en el rol de la
corrupción, la importancia de una renovación de la política, y una
subordinación de la práctica política a la mera adaptación frente al desarrollo
histórico interpretado como inevitable. A partir de aquí nos interesa plantear
una última clave de análisis, que articule estas características compartidas y
contextualice entonces la emergencia y consolidación de UpC
y el PN.
En
ambos casos, la pretensión de superar la crisis de representación y los
defectos de las administraciones precedentes se enmarcaba en un imaginario que
se había extendido notoriamente en las últimas décadas del siglo XX. Un
imaginario neoliberal que, partiendo de una lectura inequívoca sobre la
superioridad de la economía de mercado como asignador
más eficaz de los recursos sociales, planteaba la expansión de una
forma-empresa sobre todos los ámbitos de interacción social (Foucault, 2007;
Brown, 2003; Lemke, 2000; Larner,
2000).[9]
El neoliberalismo se comprende, en esta clave, como una racionalidad de
gobierno, es decir que funciona como una gramática que ordena las prácticas
mediante las cuales se regulan las acciones de los individuos, a partir de una
extensión del elemento competitivo al interior de la forma en que se desarrolla
el mercado (Castro Gómez, 2010). Uno de sus múltiples efectos radica en la
producción de sujetos como “homo oeconomicus”, tal
como plantea Foucault, como
“empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor y la
fuente de sus ingresos” (2007: 265). El individuo neoliberal se vuelve también
moralmente responsable de su destino, exitoso o frustrado. Estas dos
características traen aparejada una aceptación de la realidad como precondición
para la adaptación necesaria en pos de lograr el éxito (Brown, 2003).
A
su vez, plantear al neoliberalismo desde su dimensión discursiva permite dar
cuenta de los procesos de identificación y articulación política en los cuales
se encarna (Laclau, 2015). Estas trayectorias identitarias
no pierden a lo largo de esas sucesivas identificaciones su particularidad,
sino que ven parcialmente desplazadas las relaciones que se establecen entre
los significantes que dan forma a su mensaje político. De esa manera, en cada
identificación neoliberal se encuentra una amalgama de tramas de sentido en la
que la centralidad de la forma-empresa y la lógica mercantil fungen como el
elemento que las fija en cierta regularidad simbólica. Ello se observa en los
efectos de sentido que se analizan discursivamente, por ejemplo, en el lugar
que se le asigna a la política en relación con otros valores o ámbitos.
Reuniendo
estas dos claves análiticas, esto es el
neoliberalismo como una gubernamentalidad con
múltiples efectos y como un discurso político, es posible estudiar el modo en
que UpC y el PN se constituyeron como actores
político-partidarios en momentos en que se multiplicaban las críticas a la
clase política en general, en lo que fue el cénit del fenómeno conocido como la
“crisis de representación” en la Argentina. El modo en que lidiaron con esa
crisis no supuso una crítica al imaginario neoliberal que se había consolidado
desde mediados de los ochenta, y comenzado a implementar en la última dictadura
cívico-militar. En efecto, la centralidad de la “corrupción” y de la
“ineficiencia” como problemas públicos al interior de la discursividad
de UpC y el PN indicaba una reducción de la actividad
política a la gestión de dificultades sociales.
Como
vimos, las soluciones que proponían UpC y el PN no
eran idénticas, ya que la primera apostaba más bien a una transformación institucional
del aparato estatal que lo pusiera dentro de una lógica empresarial, mientras
que el PN planteaba la inclusión de sujetos “externos” y “éticos” al ámbito
viciado de la política. No obstante, ambas respuestas partían de una misma
interpretación de la política como actividad subordinada, que podía volverse
eficiente y adaptarse al devenir inevitable de la realidad mundial, si se
aseguraba la ética de sus funcionarios o las condiciones ambientales de
competencia.
En
el mismo sentido, la subordinación de la práctica política al orden de valores
o de la forma-empresa está relacionada, en los casos de UpC
y el PN, a una cierta aceptación de la realidad social, a la cual es necesario
adaptarse o ante la cual sólo es esperable resolver los problemas de los
vecinos sin ulterior discusión sobre el sentido de la política implementada. La
política pasa a conducirse así como cualquier individuo consideraría legítimo
bajo un modelo de subjetivación neoliberal: aceptando la realidad y adaptándose
a ellas para alcanzar el éxito (Hammann, 2009; Brown,
2004). De allí que sólo importe la honestidad en el uso de recursos públicos y
la satisfacción de ciudadanos devenidos en inversores públicos a través de sus
impuestos.
Como
podemos ver, el análisis político-discursivo de estos dos actores señala una
llamativa afinidad entre ellos, más allá de disputas personales o
institucionales, en el modo en que se constituía su mensaje político
influenciado por el imaginario neoliberal. La denuncia a los gobiernos
precedentes se centraba en la corrupción, como un problema de las dirigencias
gobernantes, que se resolvía a través del acceso de la ciudadanía, de vecinos
comprometidos o personalidades locales, al ámbito estatal. Así, en las
trayectorias identitarias de UpC
y el PN la política se presentaba como una práctica sujeta a un lenguaje de
valores, como la decencia o la honestidad, o bien a un lenguaje empresarial,
donde la definición de condiciones de competencia adecuadas garantizaba
resultados fiscales óptimos. Esta subordinación de la práctica política se
articulaba con una aceptación generalizada de la realidad como un devenir
inevitable, que justificaba la reforma administrativa en el caso de UpC, y el ingreso a la gestión pública de “gente nueva” sin
experiencia política previa en el PN, enfocándose exclusivamente en el repetido
tópico de la corrupción.
Esta
similitud en la construcción de un mensaje político llama a prestar más
atención sobre la dimensión discursiva que es constitutiva de la política. El
nacimiento del PN y su buena performance electoral hasta 2011 se basó en una
persistente crítica al actor político que gobernaba la provincia de Córdoba, UpC, denunciando casos de corrupción, fraude y
criminalidad. No obstante, el PN no ofreció una propuesta diferente en términos
de planificación política, donde se limitó a esbozar generalizaciones sobre la
importancia de la honestidad en la administración pública. La cercanía en el
modo de interpretar la práctica política por parte de UpC
y el PN, que hemos resaltado en este artículo, motiva entonces a profundizar la
reflexión sobre las características de los actores políticos más relevantes del
escenario provincial. Ello implica ir más allá de cruces verbales o
enfrentamientos personales, para dar cuenta de lo que se insinúa hoy como una
consolidada hegemonía neoliberal en la política cordobesa.
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Entrevista a Luis Juez. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=kq7NrE-dD9A.
Recuperado 6 de octubre de 2013.
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___
Juan Manuel Reynares
juanmanuelreynares@hotmail.com
Becario
Posdoctoral CONICET. Doctor en Ciencia Política. Docente en la Carrera de
Ciencia Política, Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Villa María.
María Virginia Tomassini
tomassinivirginia@hotmail.com
Doctora en
Ciencia Política. Docente en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Villa María. Coordinadora de la carrera de
Licenciatura en Ciencia Política de la UNVM.
[1] Unión por Córdoba era
el nombre de alianza que el PJ lidera desde fines de 1998, reuniendo a partidos
menores y de tradición liberal - empresarial, como la Unión de Centro
Democrático (Ucedé), Acción para el Cambio (APEC) y Movimiento Acción Córdoba
(MAC).
[2] De la Sota contaba
con una larga experiencia partidaria y dirigencial: secretario de gobierno
municipal (1973-1975); candidato a intendente en 1983, presidente del PJ
provincial (1987-1993), candidato a gobernador (1987; 1991), embajador en
Brasil (1991-1995), senador nacional (1995-1999).
[3] En términos
generales, esta perspectiva de análisis discursivo se desprende de la propuesta
del Análisis Político de Discurso (Howarth, Norval y Stavrakakis, 2000; Glynos y Howarth, 2007) que se
nutre de la obra teórica de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2005).
[4] En este sentido, la
conformación de UpC supuso una apertura partidaria a los sectores
empresariales, basada en la idoneidad profesional. Un entrevistado plantea que:
“… no importaba el origen ideológico, en realidad, lo que nosotros queríamos
era un plan, el Plan Córdoba Nuevo Siglo… innovador… abierto y entonces evitar
la cuestión de la antigüedad partidaria como condición para ocupar un cargo
público dependiendo de la capacidad de gestión… El plan de gobierno… no fue una
plataforma, fue un plan con ideas fuerza, muy atrayente desde el punto de vista
del marketing, pero además lo acompañábamos con un listado de profesionales
área por área… (entrevista personal con ex-funcionario del primer gobierno de
UpC entre 1999 y 2001).
[5] De la Sota sostenía
que “La reforma del Estado no es necesariamente un ajuste. Yo ya dije que no
significa despidos. Ahora, eso sí, los ñoquis, esos que por acomodo cobran y no
trabajan, que tiemblen (LVI, 01/09/1991, p. 7 A).
[6] Así, por ejemplo,
Johnson consideraba que: “la actual situación de la provincia demuestra que
aquí no tienen la culpa Domingo Cavallo o los mejicanos [en alusión al efecto
Tequila], sino que los únicos responsables son los radicales que privilegiaron
los negociados y las prebendas, y postergaron a los trabajadores…” (LVI,
02/05/1995, p. 7 A).
[7] Esta “confianza” en
los ciudadanos presuponía que su conducta se asimilaba a la de empresarios e
inversores. Esto puede observarse en otra interpelación a la ciudadanía,
respecto de la reducción impositiva de un 30 %, una de las principales promesas
de campaña de UpC: “El gobernador de la Sota nos ha propuesto, entonces, un
nuevo trato: redujo los impuestos un 30 por ciento; nos exige a todos que los
paguemos, pero nos desafía a construir una nueva relación en la que los
ciudadanos ejerzamos el derecho de pedirle al Estado resultados concretos; a
los funcionarios, eficiencia; al Gobierno, límites en el gasto, rendición de cuentas e información precisa
y a los prestadores de servicios públicos, calidad y sometimiento a
controles rigurosos (Legislador provincial R. Agrelo en LVI,
02/02/2000).
[8] En este artículo nos
detendremos en el análisis del momento embrionario del Partido Nuevo
(2002-2006). Es en estos años, donde se comienza a generar estructura a nivel
provincial que le permite postularse a la gobernación en 2007 y convertirse en
la segunda fuerza de la provincia de Córdoba durante los ocho años subsiguientes
desplazando a la UCR.
[9] Dejando de lado
perspectivas que estudian al neoliberalismo exclusivamente como un set de
políticas económicas de alcance nacional, aquí lo consideramos teórica y
analíticamente como un discurso político que despliega una gubernamentalidad
centrada en la forma-empresa (Reynares, 2014) y que se encarna en procesos de
identificación particulares con diversos alcances espacio-temporales, como aquí
estamos viendo en los casos de UpC y el PN. A su vez,
la noción de “imaginario” posee una amplia trayectoria en la discusión dentro
de las Ciencias Sociales. Aquí recuperamos el modo en que Laclau (2000)
caracteriza al imaginario, como un discurso político que habilita a su interior
múltiples articulaciones.