Protegidos o tutelados: Reflexiones para una ciudadanía de la Niñez
Managed or Supervised: Exploring Citizenship of the Child
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Gabriela Cristina Artazo
artazo2011@hotmail.com.ar
Universidad Nacional de Villa María, CONICET, Argentina
Marcelo Barrionuevo
marceebvo@hotmail.com
Universidad Nacional de Villa María, Argentina
RAIGAL. Revista Interdisciplinaria de Ciencias Sociales
Nº 1, octubre 2015 - marzo 2016 (Sección Artículos, pp. 78-90)
e-ISSN 2469-1216
Villa María: IAPCS, UNVM
http://raigal.unvm.edu.ar
Recibido: 31/08/2015 - Aprobado: 29/09/2015
Resumen
El presente ensayo recupera insumos recogidos desde distintos proyectos de investigación desarrollados en la temática de infancia y derechos en la Ciudad de Villa María[1], Córdoba, por parte de distintos equipos que conforman la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Villa María. Se nutre además de la experiencia en intervenciones en programas y dispositivos estatales concretos que ponen foco en la infancia en general y en la infancia en situación de pobreza en particular. El trabajo busca problematizar a través de un análisis: los modos y mecanismos que las instituciones de infancia implementan, la tensión existente entre la consolidación y vigencia de un marco de igualdades y protecciones formales-a través de las sanciones de las leyes de infancia hoy vigentes, y aquellas formas reales que los dispositivos institucionales asumen, para una lectura de la situación de la infancia y su posterior intervención. Desde esta perspectiva, aparecen elementos que lejos de posicionar a la infancia en un escenario de ciudadanía activa, la subsumen en complejos mecanismos de dominación y tutela, tal las formas de aquel viejo paradigma del patronato que reguló la vida de la infancia pobre en nuestro país y que se piensa hoy superado.
Palabras clave: infancia; ciudadanía; tutela; institución; violencia
Abstract
This essay recovers inputs collected from different research projects developed on the theme of children and rights in the City of Villa María, Córdoba, by different teams that make the Bachelor of Social Work at the National University of Villa María. It is also the experience in specific programs and interventions in state devices that put focus on children in general and child poverty in particular feeds. The paper seeks to problematize through an analysis of the ways and mechanisms to implement childhood institutions, the tension between consolidation and validity of equalities framework and formal protection through sanctions childhood laws now in force and those real forms that institutional devices to take a reading of the situation of children and subsequent intervention. From this perspective, there are elements that position away from children in a stage of active citizenship, subsumed in complex mechanisms of domination and protection, such forms of patronage that old paradigm that regulated the lives of poor children in our country and believed surpassed today.
Keywords: children; citizenship; protection; institution; violence
“Niños son, en su mayoría, los pobres y pobres son, en su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata. Casi nunca los escucha y jamás los comprende”
(Extraído de Patas para arriba – Eduardo Galeano
/ Editado en 1998 / Pág. 14)
Hablar hoy de infancia parece un tema repetido y dirían algunos de tan abundante literatura, que pareciera que redundar es la tarea. La intencionalidad del presente artículo es poder compartir una serie de interrogantes que persiguen la pretensión de una reflexión crítica sobre la niñez, que permitan promover de forma integral acciones performativas[2][3] de ciudadanía. Partimos de la base de encuadrar la discusión sobre la infancia en un escenario esencialmente violento, simbólica y materialmente. Dicho escenario se estructura a partir de condiciones históricas específicas que producen y se traducen en formas institucionales de disciplinamiento social y político determinados, donde el emergente más violento puede verse en las distintas formas de exclusión hoy vigentes. Estas condiciones precisan de ciertas “reiteraciones"[4] socio- culturales que construyen niños/as consumidores y tutelados invisibilizando y obstaculizando -mediante una subjetividad sujetada y cuerpos disciplinados- una ciudadanía de la niñez. Cabe destacar que la obstaculización de una democracia radicalizada sobre la niñez opera mediante complejos mecanismos de dominación socio-cultural que apuntan a cooptar y hegemonizar su campo. La presente reflexión está organizada mediante tres ejes 1. La infancia como campo en disputa 2. El proceso de institucionalización del paradigma de la protección, específicamente el caso Córdoba 3. Las condiciones que recrean Violencia Institucional sobre la niñez.
“La infancia constituye un campo social e histórico en donde la sociedad se impregna de una notable sensibilidad” (Eduardo Bustelo- Recreo de la Infancia-Argumentos para otro comienzo)
Hablar de la infancia hoy, precisa de poder analizar a dicha categoría analítica como un campo social en tensión que produce una variedad de significantes mediante prácticas desarrolladas por los agentes sociales, que luego se constituyen en significados, estructurando representaciones sociales, que de alguna manera conforman el mundo de vida de los agentes que desarrollan sus prácticas. Es así que “Infancia” tal cual hoy se la nombra y se la compone como categoría de análisis, constituye un signo en sí mismo, por lo menos dentro de las ciencias sociales. Particularmente la línea epistemológica desde la que encuadraremos la presente reflexión pretende develar como esta categoría/signo ha vehiculizado nociones, que encubren relaciones sociales de poder y los juegos de dominación social que legitiman un modo violento sobre lo que significa ser niño, niña en las sociedades contemporáneas. Al respecto recuperamos a Bustelo:
“semejante amplitud de preocupaciones puede indicar tanto consensos sobre los distintos enfoques con los que se legitiman prácticas muy diferentes como también que en ese campo se dirimen batallas conceptuales, luchas sociales y políticas cruciales para sostener una senda sustantiva de cambio social”.( 2007: 15)
Es por esto que las líneas reflexivas que aquí abordaremos tienen como propósito aportar un punto de vista crítico, desde la teoría social emancipatoria, respecto de la cuestión de la infancia como punto de partida y llegada. Las instituciones como aquellas del campo de la beneficencia de los primeros años del Estado-Nación, han tenido como sujetos típicos de su atención a la infancia pobre, desvalida, en o de riesgo. Es por esto que consideramos atinado reflexionar sobre los constructos institucionales que responden a una lógica heterónoma que muchas veces encubre y reproduce las profundas relaciones de poder y dominación que se desarrollan sobre Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).
Para Bourdieu:
“quienes logran ejercer el poder son quienes se convierten en el Estado, apropiándose así de los capitales simbólicos y reproduciendo los principios sociales dominantes tal como si fueran los principios de toda la sociedad. Quienes dominan la cultura desde el Estado, prescriben como debe ser el mundo, negando o legitimando a los que participan en otros campos. Es decir, promueven su forma de ver el mundo, no sólo como si fuera válida, sino también como si fuera universal”. (citado en Mateo, N. y Antoniucci M., 2013:5)
Desde esta mirada sostenemos que tanto las instituciones estatales locales como dispositivos de poder, co-producen junto a instituciones macro globales una bio-política de la infancia. Que desde una dimensión material y simbólica pretenden disciplinarla coartando las posibilidades emancipatorias de la niñez[5], que en definitiva representan posibilidades de transformación del mundo.
Ahora bien, se preguntarán como un Estado garante de derechos, el cual los reconoce y se ocupa de establecer diversos mecanismos de protección y asistencia, mediante un complejo entramado institucional puede a su vez obstaculizar una ciudadanía activa de la infancia. Al respecto tomaremos una definición esbozada por Oscar Ozslack:
“la conformación del Estado nacional supone a la vez la conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad, y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones que permiten su ejercicio. La existencia del Estado se verificaría entonces a partir del desarrollo de un conjunto de atributos que definen la "estatidad" -la condición de "ser Estado"-, es decir, el surgimiento de una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política. El Estado es, de este modo, relación social y aparato institucional” (1997:2).
En este marco cabrían hacerse dos preguntas claves para promover una crítica de la ciudadanía de la infancia: ¿cómo se organiza la bio-política de la infancia dentro del Estado/instituciones y otros dispositivos de bio-poder? ¿Qué relaciones sociales de dominación encubren ciertos dispositivos dedicados a la “protección de la infancia” que hoy se encuentran inmersos en el nuevo paradigma de la Protección Integral de la Niñez, Infancia y Adolescencia consagrados en las Ley Nacional 26061 y Ley Provincial 9944?
Al respecto del primer interrogante y recuperando antecedentes e insumos surgidos de otras investigaciones para el análisis, comenzaremos citando a Bustelo quien en este sentido plantea:
“el poder se entreteje con dispositivos muy fuertes que organizan la vida y el cerebro humano a través de poderosas máquinas de comunicación social, las redes informáticas y una amplia gama de sistemas de control. La bio-política se constituye entonces como bio-poder. El punto aquí es el control de la subjetividad: el poder se ejerce ahora desde dentro cuando muchos, casualmente, creen que desarrollan una personalidad propia y autónoma”. (2007: 25)
Es por esto que las posibilidades performativas de nuevos discursos sobre la infancia parecieran que en su propia contingencia-de estar siendo- no resguardan una posibilidad transformadora sino que reiteran un cumulo de constructos o nociones de vieja raigambre conservadora que apuntalan a la infancia como un objeto/sujeto a tutelar, a dominar o a proteger, esto por el lado de las posibilidades institucionales del Estado, y por otro lado tenemos los grandes dispositivos de la bio-política viabilizados por grupos económicos concentrados que encuentran en la infancia una gran rentabilidad y posibilidades de perpetuación de un sistema que solo incluye a los/as niños/niñas consumidores-en marcos globales-dentro de sociedades conformadas históricamente de manera desigual. La globalización pretende homogeneizar el conjunto de significantes sobre la infancia (cuando decimos significantes nos referiremos tanto a lo discursivo como a lo práctico) estimulando un modelo de niño/a feliz, alejado de toda realidad, a-histórico en su ser práctico y por sobre todo incluido solo en términos de consumo, la infancia “desea” objetos transnacionalizados, festeja días del niño/a mundiales y crea convenciones universales de derechos de los niños/as. Pero ¿sobre qué infancia se regula? ¿Toda la infancia vale lo mismo? El fenómeno de la desigualdad, intrínseca a las relaciones sociales de producción impuestas por el capitalismo, encuentra en los N, N y A la principal variable de “ajuste” dentro de los Estados y las mayores posibilidades de consumo cuando de globalización se trata[6]. Año tras años se revelan noticias, informes, indicadores estadísticos que dan cuenta de cifras alarmantes sobre masacres a niños y niñas en contextos de guerra, otros/as involucrados en redes de trata como esclavos sexuales, como mano de obra barata o como un índice más de mortalidad. Entonces ante este escenario que posibilitaría nuevos discursos para proponer una ciudadanía de la infancia crítica y emancipada, y sobre todo teniendo en cuenta los avances significativos que ha habido en la Argentina en materia de derechos reconocidos y distribuidos desde el 2003[7] a esta parte, cabría hacerse la pregunta ¿por qué aún no se ha transformado sustancialmente las vidas de los niños y niñas que en contextos de alta vulnerabilidad solo vuelven a encontrar dispositivos tutelares y de control social?. ¿Cuál es la tarea política de las instituciones estatales en la conformación y vigorización de un sistema de protección ciudadana de la infancia? Como primera instancia sostenemos que para transformar la práctica institucional de las agencias estatales es necesario establecer disputas en el campo de la infancia y de-construir, en un juego de develación teórico-reflexiva las relaciones de poder que encubren y reiteran una estructura tutelar sobre la infancia tanto a nivel de las prácticas profesionales como de los arreglos institucionales que las encuadran y habilitan.
Desde esta perspectiva reflexionar acerca de las estrategias de intervención supone necesariamente cuestionar las mediaciones teóricas que posibilitan la construcción del objeto sobre el que intervenimos y postular la activa capacidad de agencia que pueden desarrollar los niños/as y sus familias.
“Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer.”
(El Principito, Antoine de Saint-Exupéry)
Existe un segundo interrogante planteado: ¿Qué relaciones sociales de dominación encubren ciertos dispositivos dedicados a la “protección de la infancia” que hoy se encuentran inmersos en el “nuevo paradigma” de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes?, dicho interrogante funciona como nudo reflexivo del desarrollo que aquí haremos.
Desde este planteamiento, y recuperando aspectos del trabajo de campo realizado en distintos proyectos de investigación, avanzaremos en develar elementos de análisis a partir de las consideraciones que amerita el funcionamiento del conjunto de dispositivos institucionales dispuestos a partir de la sanción en el año 2011[8] de la Ley N°9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba. Dicha Ley crea la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba y la establece como autoridad de aplicación del sistema de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo así mismo la encargada de la implementación y aplicación de las Políticas Públicas para la promoción y protección de los derechos de NNyA –ahora considerados como actores sociales activos y competentes- en coordinación con los demás Ministerios y Secretarías del Estado Provincial.
La nueva legalidad ha generado y/o reestructurado una serie de dispositivos burocráticos administrativos –operativizados en nuevas dependencias, programas o prestaciones- para la atención de la infancia, y al interior de estos, prácticas concomitantes de parte de los agentes profesionales (Korinfeld, 2003) que le dan contenido y sustento operativo-procedimental. En este apartado buscamos orientar la reflexión en torno a estos nuevos arreglos institucionales, en tanto vienen a cumplimentar la base fáctica desde la cual es abordada la infancia en Córdoba, definiendo en el mismo acto el perfil que adquiere el Estado en materia de atención de las necesidades de uno de sus grupos poblacionales más significativos. A su vez vinculando esto con las claves conceptuales desarrolladas en el apartado anterior sostenemos que dentro de estos arreglos institucionales que funcionan como dispositivos bio-políticos[9] de atención de la infancia se “reiteran” aquellos constructos conceptuales que encuentran una profunda raigambre conservadora. Dicha raigambre conservadora reitera en sus discursos y prácticas una mirada tutelar y minorizante sobre los NNyA, alejándose de posibilidades de emanciparla en pos de promover una ciudadanía activa.
En tal sentido pretendemos plantear algunos interrogantes orientadores sobre el carácter y perfil de este nuevo proceso de conformación institucional: ¿Qué dispositivos se estructuraron en torno a las políticas de infancia en la provincia? ¿Qué modos-discursivos, prácticos-asume la infancia desde el funcionamiento de estos nuevos dispositivos? ¿Qué políticas, programas y prestaciones asumieron significatividad a la hora del trabajo con los NNyA? ¿Qué formas estatales de protección social se articulan con el sistema de protección de la infancia que la nueva ley consagra? ¿La “protección de la infancia” promueve acciones de ciudadanía activa de NNyA? Este conjunto de interrogantes, entre otros, se han ido estructurando en el marco de la lectura de un proceso crucial, denominado por funcionarios y agentes estatales como de “transición”, esto es, el camino que las instituciones de protección están recorriendo desde la otrora ley de patronato hasta la actual ley de protección integral. Los términos institucionales en los que se genera tal transición –tensiones mediante, disputas de poder al interior de los programas, resistencias desde y hacia el Poder Judicial[10], etc.– invitan sin embargo a pensar que tanto las políticas, como las intervenciones profesionales se encuentran en una especie de estado y como tal ancladas en un estado de transición y no en un camino o pasaje en tránsito desde una normatividad a otra. Desde esta perspectiva, esta lógica de la transición estaría produciendo efectos aún tan minorizantes[11] sobre la infancia como aquellos producidos por las instituciones y prácticas consagradas al patronato, y que se creen actualmente superados o en vías de superación. Lo alarmante, es que si bien en las políticas y prácticas conviven viejo y nuevo paradigma, no lo hacen desde una perspectiva conflictiva o contradictoria, sino más bien desde una complementariedad armoniosa. La reflexión en torno a la infancia desde esta mirada nos ha permitido posicionarnos ante formas evidenciables de violencia institucional en el campo de la infancia
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba, órgano y autoridad de aplicación de la Ley 9944, se crea durante el mandato del entonces gobernador Juan Schiaretti -del mismo signo político que su predecesor José Manuel de la Sota, quien estuvo por dos períodos consecutivos al frente del Ejecutivo Provincial- y tenía como tal, rango Ministerial lo que la ubicaba en una indudable relevancia política en virtud de reflejar en la estructura formal de Gobierno su posicionamiento en materia de política de infancia. Este status permitió la creación de distintas aéreas (Direcciones con Programas a cargo) para la atención y abordaje de lo que la ley nomina como medidas y procedimientos de primer, segundo y tercer nivel. En un primer nivel –de promoción de derechos prevención- se estructuraron unidades de trabajo a fin de acercar, mediante foros y jornadas de capacitación principalmente, el contenido de la Ley a instituciones de la sociedad civil, establecimientos educativos, equipos de salud territoriales, etc. a lo largo y ancho de toda la provincia. Estos encuentros tenían como principal destinatarios a los NNyA que eran convocados a participar de ciclos de debate, encuentros culturales y recreativos, jornadas deportivas, etc. El segundo nivel –denominado medidas de protección de derechos- se estructuró bajo la órbita de la Subdirección de Estrategias de Prevención, conteniendo en su interior el Programa de Gestión y Articulación Territorial, que operativamente se orientaba a preservar o restituir el goce y ejercicio de los derechos amenazados en aquellas situaciones de vulnerabilidad, participando en la estructuración de redes comunitarias de sostén, con instituciones educativas y de salud principalmente. A tales efectos operativamente realizaba el acompañamiento familiar desde una perspectiva territorial o comunitaria. Cada equipo, tenía zonas operativas a cargo, y funcionaban en los “Centros Paulo Freire”, lugares reconvertidos como instituciones descentralizadas y que bajo la Ley de Patronato funcionaban como institutos de menores. Algunos de estos centros contaban con una mínima oferta socioeducativa orientada sobre todo a la formación en oficios o realizaban alguna actividad puntual, que con modalidad de taller abordaba alguna temática orientada a los NNyA. El tercer nivel –aquel que aborda la situación del NNyA con derecho/s vulnerado/s y que han sido retirados de su centro de vida- se estructuró en base a la articulación del Programa 102, línea telefónica para denuncias de situaciones de vulneración de derechos, con la Dirección de Fortalecimiento Familiar.
El programa 102 es quien valora e instrumentaliza el “retiro” de los NNyA de su familia de origen para su resguardo en un ámbito alternativo y transitorio. Operativamente este programa recepta llamados y “denuncias” que ponen en su conocimiento la comisión o posible comisión de vulneración de derecho de un NNyA, arbitrando un mecanismo de constatación de la situación denunciada. Este programa en función de sus competencias es quien determina y toma la medida excepcional y operativiza los retiros de los niños de ese contexto definido como vulnerante. A esta línea recurren también, los hospitales infantiles de la provincia cuando atienden situaciones donde se presumen situaciones de maltrato infantil. A su vez, la Dirección de Fortalecimiento Familiar tiene bajo su órbita el programa Familias para Familias y el Programa Revinculación Familiar. El primero ofrece o cuenta con familias de acogimiento, como ámbito familiar ajeno y alternativo a la institucionalización de los NNyA. El programa se conforma por familias que voluntariamente acceden a los mecanismos de selección previstos: dos entrevistas psicológicas a “los papas de acogimiento” –tal como se los nomina- y una visita al domicilio por parte de una trabajadora social; cumplimentadas estas instancias ingresan a un padrón de familias “aptas” a la espera de ser convocados para la “entrega de un niño/niña”. El programa de Revinculación Familiar en tanto, se estructura como dispositivo que asegura el vínculo filial del niño/a separado de su medio, con su familia de origen. Este vínculo, según la modalidad del programa, se asegura y cumplimenta con un dispositivo de encuentro de una hora, una vez a la semana. Aquí, el NNyA es traído a la sede del programa por parte de la familia de acogimiento y se encuentra con sus padres, tíos, otros hermanos eventualmente y/o abuelos, quienes concurren “a la visita”. Este programa, llevado adelante por equipos conformados por trabajadores sociales y psicólogos será quien se encargue de determinar el retorno del niño con sus padres o su familia –cuando “estén dadas las condiciones”, es decir “resueltas” las causas que dieron origen a la medida, o caso contrario, informar al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia interviniente que se “han agotado las estrategias de trabajo con las familia” para que este resuelva la situación socio-legal definitiva del niño, vía adopción. Esta dirección también trabaja con instituciones residenciales que albergan a aquellos niños que no pueden ser incluidos en familia de acogimiento. Por lo general estos, son niños mayores de 6 años, grupos de hermanos o aquellos que padecen alguna problemática de salud crónica.
Desde esta perspectiva, la infancia como categoría analítica, deberá ser considerada y analizada entonces a la luz de las estructuras políticas-burocráticas[12] (dispositivos biopolíticos) por las cuales transita, y en donde esta se desarrolla, reproduce, adquiere significado y traduce institucionalidad. En esta línea afirmamos que ninguna situación en la que se encuentre un NNyA deberá ser escindida de los modelos institucionales que concurren o concurrieron a su atención, ya que tal como lo sostiene Del Cueto (1999: 141) “…en las múltiples formas de expresión de lo social está presente de manera productiva el modelo institucional que trata de ellas”.
Este posicionamiento nos permite destacar el lugar que le fue asignado a la Secretaría durante el transcurso del tercer mandato del Gobernador J. Manuel de la Sota, tanto al nivel de la entidad que esta adquirió, como el esquema de funcionamiento que asumió. Su entidad, fue des-jerarquizada, padeciendo el retiro de su status de Secretaria de Estado y fue adherida como una prestación más al Ministerio de Desarrollo Social. Es de destacar que “lo social”, para las últimas gestiones de gobierno, se ha evidenciado solo como una instancia de atención a la pobreza y sus “usuarios”[13], los pobres. Esta perspectiva resulta crucial, por un lado, en tanto la pobreza como fenómeno –otrora leído a la luz de perspectivas moralizantes en clave de abandono y desamparo- fue el cimiento de las intervenciones que estructuraron al anterior sistema tutelar, y fundaron la judicialización y minorizacion de la niñez como la respuesta acorde del Estado regulador; y por el otro, porque el actual marco legal que protege y garantiza derechos, refiere explícitamente que la falta de recursos (estos en un sentido amplio) no puede generar como medidas, la separación del NNyA de su centro de vida. De esta manera, con programas y planes focalizados en la emergencia, compensatorios de la sobrevivencia y marginales, ya que no se integran o articulan con ningún otro mecanismo de política pública de carácter preventivo o promocional, el “ministerio de lo social” aparece como una instancia donde la pobreza es reproducida y recreada (Pantaleón, 2005). En este contexto y desde el perfil que prefigura este modelo de Estado, aparece un primer analizador a resaltar, esto es: la atención de la cuestión de la infancia será subsumida dentro de la misma lógica, parámetros y miradas que los de la atención de la cuestión de la pobreza. Aquí, la infancia vinculada a la pobreza adquiere un significado desprovisto de un sentido emancipatorio, de sus posibilidades de producir, crear y potenciar una ciudadanía activa[14]. Esto como nudo reflexivo implica pensar que la cuestión de la infancia para el Estado Provincial ha pasado a ser atendida y abordada desde una lógica de la carencia, compensatoria y como tal residual desde sus intereses y perspectivas. La reproducción de estos criterios tradicionalistas respecto del lugar social de la infancia, fortalece las condiciones para la expropiación de derechos ciudadanos. Estas violencias políticas-institucionales se constituyen en este estado de cosas, como estrategias de reproducción del paradigma tutelar/minorizante perpetuando las desigualdades de clase y generación.
En este devenir, el funcionamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, fue acentuando una preeminencia sobre aquellas acciones y medidas vinculadas al tercer nivel, habiéndose disgregado y extinguido aquellas actividades puntuales vinculadas a la promoción de derechos que dábamos cuenta al momento de su conformación. Este “fortalecimiento” del tercer nivel se ha evidenciado en el traslado de profesionales de otras aéreas para pasar a conformar los equipos de este nivel, así mismo, con la consolidación de una estrategia que busca incorporar de manera creciente nuevas familias de acogimiento, como modalidad de respuesta a la necesidad de contar con más contextos para la inclusión de niños/as retirados de sus familias, medidas de excepción mediante. Así mismo, el segundo nivel, quien continua interviniendo desde la preservación o restitución del goce de derechos amenazados, se ha vinculado como soporte auxiliar del tercer nivel, atento a que ambos se articulan para trabajar con aquellas familias con niños/as que ya han sido separados de su centro de vida. Ante esta realidad, creciente en demanda de intervenciones del tercer nivel, poco margen queda a los agentes que componen los equipos para metabolizar lecturas críticas acerca de la direccionalidad de las acciones estatales. En este escenario coexisten entre los agentes, posturas que creen que el Estado debe proteger (separar) a los niños de la “marginalidad” en las que sus familias se encuentran y otras que creen que la separación y alejamiento de su medio profundizarán sus problemas y aumentaran su desprotección. Esto pone en evidencia que muchas de las visiones y prácticas paternalistas propias del sistema tutelar, refuerzan hoy la constitución de dispositivos bio-políticos en torno a la infancia y se encuentran vigorizadas en el actual contexto, donde la pregunta por el rol de Estado, parece poco pertinente de ser reflexionada. Del análisis que permitió mirar las políticas y prácticas estatales y aún en los “nuevos” dispositivos de intervención, vemos como se estructuró cada vez con mayor nitidez, una dimensión tutelar del Estado, “favoreciendo” intervenciones netamente de corte compensatorias – reparatorias, en desmedro de políticas promocionales y preventivas. Así mismo, los NNyA que llegan o ingresan hoy a los “nuevos” dispositivos de “protección estatal”, son los mismos que, perteneciendo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, “actuaba” el anterior sistema tutelar, esto es, la infancia pobre.
Por un lado circulan “unos”, los universales, el/la niño/a puro alejado de todo escenario social que cuestione su fantasía, el niño/a consumista el cual el sistema global y los medios masivos de comunicación estimulan constantemente para que consuma productos de divertimento. Por el otro, están esos “otros”, niños/as invisibles, los que mueren, las víctimas “carentes” casi de un sentido de existir, ese niño/niña pobre es sobre quien se interviene, a quien primero se tutela para que luego, ya adolescente o joven, se lo vigile y se lo castigue, porque “da miedo”, porque “es violento/a”, porque “roba”. En este “estado de transición” perenne, se ven rigidizadas en sus prácticas, binomios conceptuales y procedimentales opuestos que operan sobre las formas y modos de atender, mirar y comprender a la infancia y su situación de desprotección.
“Isabel Díaz, yo fui uno de los que mató a tu hijo
Entonces por mi parte me canse de verlo robar en el barrio
Una vez por todas se hizo justicia. A los perros no se les hace eso
Pero tu hijo se lo merecía. A los ladrones como a tu hijo se lo haría una y mil veces”
(Mensaje enviado a la mamá de José Luis Díaz, luego de su hijo agonizara durante 13 días en el hospital.
Fuente la “Voz del Interior” - 20/07/2015)
En el presentado apartado y a modo de cierre, expondremos algunas argumentaciones entorno al porque la niñez como campo está en disputa y de esa disputa depende la vida plena o la permanencia de las condiciones de vulnerabilidad en la infancia. El caso de José Luis Díaz[15], evidencia una trayectoria de vida familiar signada por procesos vulnerantes y de desprotección, creando condiciones que violentan la potencia de agencia creadora que existe en la infancia e inhabilita procesos sociales, políticos esperables en el ejercicio de una ciudadanía activa y emancipada. La trayectoria de vida familiar de José Luis, nos muestra una familia compuesta por cuatro miembros, el padre de oficio albañil, la madre (que en realidad es nombrada como mamá y ella se identifica así pero es la hermana del padre de José Luis) y una hermana menor que él. José Luis ya había entrado y salido de la penitenciara varias veces desde que había cumplido los 18 años y anterior a eso la política de tolerancia cero y el código de falta (anticonstitucional) vigente en la Provincia de Córdoba, habían signado varias situaciones de persecución previo al episodio en donde el joven encuentra la muerte. José Luis fue un niño “pobre”, y gran parte de los aspectos que estructuraron su vida[16] estuvieron vinculados a la pobreza y marginación, esto lo podemos analizar como aspectos violentos por parte de los dispositivos estatales que hemos descripto anteriormente, unos por omisión-insuficiencia de acciones-tendientes a promover una infancia plena, en términos de derechos, y otros por coacción vinculados a una modalidad tutelar/represiva, presentes en el accionar de instituciones que “vigilan y castigan” determinadas conductas de aquellos “menores” de “riesgo”. Esta trayectoria es representativa de como transitan estos NNyA que hemos denominados como los “otros” en el apartado anterior. Esos “otros” que pareciera que solo pueden vivir como tutelados o castigados. El niño o niña pobre que reproduce socialmente su existencia en condiciones de extrema vulnerabilidad, solo cuenta con las prestaciones públicas gratuitas tales como educación y salud, y algunas prestaciones de transferencia monetaria que vienen vehiculizadas por el Sistema de Protección Social Nacional Argentino[17]. En muchos casos, la intervención del Estado Tutelar en la infancia pobre a los efectos de su “resguardo”, soslaya entre otros, el derecho de vivir en familia, y trae por añadidura un deterioro directo de las condiciones de subsistencia familiar y comunitaria en los que ese NNyA se encuentran insertos.
Estos arreglos institucionales, en la clave de la lectura analítica que venimos haciendo, se constituyen en dispositivos de poder que conforman las relaciones sociales de dominación[18], configurando una bio-política de la infancia, que no promueve una ciudadanía emancipatoria. Esto a nuestro parecer responde a la conjugación de varios factores. Por un lado los referidos a los elementos que dan cuenta que en el funcionamiento del principal dispositivo estatal[19] de atención de la infancia, persiste una lógica de tutelaje, en tanto se abordan las cuestiones de la infancia desde una mirada residual, compensatoria y desarticulada de instancias institucionales promocionales y preventivas que favorezcan e instrumenten acciones recreativas, de ocio, deliberativas, etc. Aquellas políticas, programas y prestaciones que asumieron significatividad a la hora del trabajo con los NNyA se encuentran en el contexto de un tercer nivel, instancia que ya implicó vulneración de sus derechos y la consiguiente separación de su centro de vida. La institucionalidad vigente, ignorando situaciones contextuales, históricas y de conformación de ciclos vitales, se orienta a “resolver” la situación individual del NNyA, disponiendo su retiro y separación, determinando la internación en institutos u hogares, o en familias sustitutas, en el mejor de los casos.
A su vez también, los medios masivos de comunicación y los dispositivos globales bio-políticos, apuntalan a significar a la infancia pobre como algo a proteger y a controlar, caso contrario los que hoy son NNyA vulnerables se convertirán en un “peligro social” de corte “epidémico” para los sectores concentrados de la sociedad (la inseguridad que sienten determinados ciudadanos), re-actualizando así aquel viejo paradigma del “buen pobre” o “pobre merecedor”. Este “tipo” de infancias desarrolla su vida en una especie de moratoria restringida[20] (restringida de buena educación, de buenas prestaciones de salud, de un buen hábitat, de buenos tratos sociales) en la que solo pueden acceder a pocos derechos, de baja intensidad, para luego transitar hacia una vida adulta cargada de restricciones, control y vigilancia. En este escenario, los NNyA, solo pueden encontrar posibilidades emancipatorias en tanto y cuanto se disrumpa con esos sentidos, prácticas y discursividades, y se produzcan acciones contestatarias del orden vigente. A esta configuración social se le suman los complejos mecanismos de dominación global, que mediante dispositivos bio-políticos, enajenan a la infancia de su condición histórica y la convierten en masiva consumidora de objetos y productos globales.
Así mismo, las formas Estatales de protección social -desde el rol que la cartera ministerial especifica tiene- no se articulan con el sistema de protección de la infancia que la nueva Ley consagra, evidenciándose una realidad programática que solo atiende de manera reparatoria a las urgentes manifestaciones de la pobreza, y en esta línea a su “sujeto” más significativo, la infancia pobre. Esto ha consolidado durante los últimos años un contexto de desigualdad real acuciante, que ha favorecido el fortalecimiento de diversos dispositivos de desigualación (Fernández, 2009) hacia la infancia, como lo son la marginalización, la exclusión, la discriminación, la represión, etc. Desde esta lógica, el Estado tutelar, solo se orientará a la “protección” de niños que pertenecen en su inmensa mayoría a familias pobres, contextos que seguirán a su vez padeciendo las consecuencias de la omisión del Estado. La noción de protección sesgada que se construye desde las instituciones, elude la realidad y los contextos de los niños “protegidos”, configurando desde las posiciones de clase, lo cultural y los valores morales –en definitiva, desde un sistema de clasificación (Villalta, 2013)- un campo de intervención cuyo patrimonio exclusivo continúa siendo la infancia pobre.
La categoría de infancia hoy en nuestros contextos de desigualdad, pone en tela de juicio la organización y funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones. Resultará urgente y necesario continuar evidenciando las rupturas que atraviesan los arreglos institucionales que se ocupan hoy de la infancia en Córdoba, y que obturan el acceso y el ejercicio de una efectiva ciudadanía infantil. Es poco probable abordar con éxito las cuestiones sociales que atraviesan la cotidianidad de la infancia pobre sin visibilizar este vasto conjunto de dimensiones económicas, sociales, políticas, profesionales, jurídicas, institucionales que la integran y sojuzgan. Para quienes nos encontramos trabajando en este campo, no solo se requieren perspectivas teóricas rigurosas, serán indispensables además posicionamientos ideológicos y políticos explícitos.
Antoniucci M. y Mateo, N. (2013) Una perspectiva del poder en Foucault y Bourdieu. VII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Recuperado de: http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/files/2013/10/eje2_mateo.pdf.
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Gabriela Cristina Artazo
artazo2011@hotmail.com.ar
Lic. en Trabajo Social. Master Internacional “MERCOSUR y Unión Europea: Diferencias y Similitudes”. Becaria doctoral CONICET. Universidad Nacional de Villa Maria
Barrionuevo Marcelo
marceebvo@hotmail.com
Lic. en Trabajo Social. Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Villa María.
[1] El equipo de investigación está compuesto por diversos miembros estudiantes, profesionales y docentes, coordinados por la Dra. Maria Elena Flores.
[2] “La performatividad del lenguaje y su importancia para pensar el proceso de constitución de identidades, que ya no pueden ser consideradas como dadas, es esencial para estas posiciones. A partir del reconocimiento del vínculo contingente que existe entre el significante y el significado, ambos auto-res (Butler y Laclau) pueden desarrollar concepciones teóricas que colocan en primer plano la idea de lo social como construcción, cuya estructuración no posee un status ontológico fundacional e invariante y, por lo tanto, puede ser modificado a través de las prácticas”. Citado desde Ruffinni (2015).
[3] Entenderemos por acciones performativas –de ciudadanía de la infancia– aquellas acciones que producen y modulan discursividades disruptivas hacia la estructura social que constituye a la infancia desde una identidad patronal y tutelar.
[4] Al decir de Butler «…una estructura logra su carácter de estructura, su estructuralidad, sólo mediante su instalación repetida. El hecho de que esa estructura dependa de su reinstalación significa que la posibilidad misma de estructura depende de una reiteración que en ningún sentido está totalmente predeterminada […] para que alguna formación social aparezca como estructurada debe haber abarcado de alguna manera la contingencia de su propia instalación» citado en Ruffinni (2015).
[5]Hablaremos de niñez e infancia como sinónimos
[6] “Los niños son un público cautivo: El niño estadounidense promedio ve una estimación entre 25.000 y 40.000 anuncios de televisión por año. En el Reino Unido, se trata de 10.000 y se gasta entre $ 15-17 billones en empresas de publicidad dirigida a los niños en los EE.UU. Por otro lado más de $ 4 millones se gastaron en 2009 para la industria de la comida rápida solamente en publicidad. Parece ser que la comercialización vale la pena. Por ejemplo, los adolescentes en los EE.UU. gastan alrededor de $ 160 mil millones al año y niños/as (de hasta 11 años) gastan alrededor de $ 18 mil millones al año. Pre-adolescentes (8-12 años de edad) más de $ 30 mil millones influenciado en otros gastos a los padres. Niños (menores de 12 años) y los adolescentes influyen en las compras de los padres por un total de más de $ 130-670 billones en un año”. http://www.globalissues.org/article/237/children-as-consumers.
[7]No desarrollaremos aquí apreciaciones socio-políticas sobre el Estado Argentino en estos últimos doce años, pero si sostenemos que la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (26061), como así también la AUH entre otras medidas han sido avances significativas en torno a la infancia.
[8] Seis años antes, a nivel nacional se sanciona la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en adhesión a su vez a los principios fundamentales contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño sancionada el 20 de Noviembre de 1989. La Ley 26061 destaca como ejes relevantes la derogación de la Ley 10903 (Ley de Patronato de la Infancia); la creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la obligatoriedad de la preservación de los lazos familiares y la excepcionalidad de la separación del niño de su centro de vida determinando que en ningún caso, estas medidas pueden consistir en la privación de la libertad; y la obligatoriedad del órgano administrativo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez, descentralizando recursos y servicios.
[9] “Cuando el poder se hace totalmente biopolítico, el conjunto del cuerpo social es apresado por la máquina del poder y desarrollado en su virtualidad. Esta relación es abierta, cualitativa y afectiva. La sociedad, subsumida bajo un poder que desciende hasta centros vitales de la estructura social y de sus procesos de desarrollo, reacciona como un único cuerpo. El poder se expresa así como un control que invade las profundidades de las consciencias y de los cuerpos de la población – y que se extiende, al mismo tiempo, a través de la integralidad de las relaciones sociales”. (Hardt M. y Negri T., 2001).
[10] Una perspectiva crucial en este campo, está configurada por la tensión existente entre las dos esferas estatales que intervinieron e intervienen en la cuestión de la infancia. Esta se refiere a la tensión entre el poder Judicial y el poder Ejecutivo, o lo que es lo mismo, entre lo administrativo y lo judicial. Tensión que se disputa la primacía en el abordaje de la infancia tutelable. El haz de conflictos que esta tensión genera, excede por mucho las posibilidades de análisis del presente trabajo, ya requeriría toda una tarea de reflexión particular para este fenómeno.
[11] Entenderemos por efecto minorizante a una efecto de sujeción que realizan los dispositivos biopolíticos que consagran la nueva Ley, que a pesar de estar en contra normativamente, no han podido disrumpir las prácticas tutelares y de patronato.
[12]Estructuras burocráticas que configuran los complejos entramados del bio-poder que se ejerce sobre la infancia.
[13]Usuarios refiere a un sujeto que hace “uso”, vacío de contenido, no mirado como ciudadano.
[14] Es destacable también a modo de ejemplo, que no solo la atención de la infancia fue subsumida al “ministerio social”, sino que la Dirección de Violencia Familiar también.
[15] “Un nuevo linchamiento ha conmovido el mediodía en la ciudad de Córdoba. Un joven, que junto a un compañero y portando un arma de juguete, habría intentado asaltar a un adolescente, fue golpeado por vecinos del barrio Quebrada de Las Rosas. De acuerdo a los primeros testimonios, un joven 16 años se encontraba fue interceptado por dos sujetos para robarle. Al darse cuenta que el arma que utilizaron para amenazarlo no era real, comenzó a forcejear con los supuestos delincuentes. Los vecinos de la zona, al enterarse lo que estaba sucediendo, comenzaron a intervenir en el hecho. Una docena de ellos, redujeron a uno de los asaltantes mientras el otro escapaba. Al llegar la policía al lugar, confirmaron que encontraron a José Luis Díaz de 23 años, con las manos atadas e inconsciente. Junto a él solo permanecía el adolescente asaltado, mientras el resto de los vecinos se dispersaba del lugar: “Cuando llega el personal policial ya estaba reducido, atado y desvanecido”, señaló el fiscal interviniente, Raúl Caro. Díaz fue trasladado rápidamente al Hospital de Urgencias. El jefe de la guardia Gustavo Mattus informó que el paciente se encuentra en grave estado. El médico sostuvo que el joven ingresó con un fuerte traumatismo de cráneo y un cuadro de post convulsión. Actualmente se encuentra en coma inducido y recibe respiración asistida. Mattus indicó que cuadro de hipoxia cerebral (insuficiencia de oxígeno en la sangre) presentado es la causa que más lo afecta, ya que no presenta traumatismos de gravedad.” Recuperado de: http://www.cba24n.com.ar/content/esta-grave-un-joven-linchado-en-barrio-quebrada-de-las-rosas.
[16] Evitando caer en un discurso (Chávez, M, 2005) sociologista: que es aquel que representa al joven como víctima: él es producto de todo lo que pasa en la sociedad y lo social es presentado como «suprahumano», más allá de las personas, por lo tanto es un sujeto que nada puede hacer. La explicación está puesta en el afuera. El joven es una víctima de la globalización, de la sociedad moderna, del posmodernismo, de los medios de comunicación, del sistema escolar que no funciona, de los malos profesores. Estas representaciones articulan un discurso que también quita agencia al joven. Su calidad de actor social creador está anulada por la imposibilidad que tendrá de generar otro camino que no sea el que le estaba previsto a su sector social, si es pobre será ladrón, no les queda otra que salir a robar, la droga es la única salida de estos pibes de barrio periférico.
[17] No es objetivo de este artículo hacer una caracterización de las políticas sociales y/o programas que conforman el Sistema de Protección Social Argentino. Ejemplo de esto lo son: AUH, PROGRESAR, Programas de fortalecimiento de la empleabilidad de jóvenes, entre otros.
[18] Vale aclarar que no entendemos a las relaciones sociales de dominación como algo negativo perse o clausurador de una infancia emancipatoria.
[19] SENAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia).
[20] “Desde este punto de vista, los integrantes de los sectores populares tendrían acotadas sus posibilidades de acceder a la moratoria social por la que se define la condición de juventud, no suele estar a su alcance el lograr ser joven en la forma descripta: deben ingresar tempranamente al mundo del trabajo -a trabajos más duros y menos atractivos-, suelen contraer a menor edad obligaciones familiares (casamiento o unión temprana, consolidada por los hijos). Carecen del tiempo y del dinero -moratoria social- para vivir un período más o menos prolongado con relativa despreocupación y ligereza”. (Margulis M. y Urresti M, 1996:2)