Reconstrucción narrativa de Abuelas de Plaza de Mayo en el contexto del kirchnerismo. Un análisis de La historia
de Abuelas. 30 años de búsqueda
Narrative reconstruction of Grandmothers of Plaza de Mayo in the
context of Kirchner. Analysis
of The History of Abuelas. 30 Years
of Searching
_____
María Marta Quintana
mariamarta.quintana@gmail.com
Universidad
Nacional de Río Negro, CONICET, Argentina
Resumen
En este artículo se analizan algunos aspectos de La historia de Abuelas. 30 años de búsqueda (HA), texto
publicado en 2007 por Abuelas de Plaza de Mayo (APM) con motivo de su trigésimo
aniversario. Se trata de una publicación que consolida una memoria
institucional, mediante la cual APM irrumpe en la escena pública como un
organismo consagrado. Desde nuestra perspectiva, esto no sólo se vincula con la
larga trayectoria de lucha de la organización, sino, más fundamentalmente, con
el contexto de enunciación. En este sentido, tomando distancia crítica de las
tesis que afirman una relación de cooptación entre el kirchnerismo
y algunos de los organismos de derechos humanos, entre ellos APM, suponemos que
el proceso político iniciado con la presidencia de Néstor Kirchner produjo
nuevas condiciones de audibilidad para las víctimas y protagonistas del pasado
reciente; y que, asimismo, en ese contexto, dichos organismos dieron cuenta
–una vez más- de su capacidad de resignificación
discursiva. Por consiguiente, en este trabajo interesa mostrar cómo esa resignificación se plasma en el libro de Abuelas, por un lado,
mediante la configuración de un nuevo ethos
discursivo de la Asociación; y, por el otro, a través de la construcción de una
secuencia narrativa en la que kirchnerismo y derechos
humanos devienen nombres contiguos de una misma causa democrática.
Palabras clave: Abuelas
de Plaza de Mayo; Derechos Humanos; kirchnerismo; sobredeterminación; reconfiguraciones discursivas
Abstract
This article discusses some aspects
of La historia de Abuelas. 30 años de búsqueda
(The History of Abuelas.
30 Years of Searching) (HA), book published in 2007 by Abuelas de Plaza de Mayo (APM) on the occasion of its
thirtieth anniversary. For it is a publication that
consolidates an institutional memory, and through which APM burst into the
public arena as a recognized organization. From our perspective, this is
not only linked with its long history of struggle but, more fundamentally, with
the context of enunciation. In this sense, taking critical distance from the
thesis that asserts a relationship of cooptation between Kirchner and some
human rights organizations, including APM, we assume that the political process
initiated under President Nestor Kirchner, produced new conditions of
audibility for victims and protagonists of the recent past; and also, in this
context, the organizations realized, once again, its ability to discursive resignification. Therefore, in this place we want to show
how this redefinition is reflected
in the HA, on the one hand, by setting a new discursive ethos
of the Association; and, on the other, through the construction of a narrative
sequence by which kirchnerismo human rights and
become contiguous names same democratic cause.
Keywords: Grandmothers
of Plaza de Mayo; Human Rights; Kirchner; overdetermination;
discursive resignification
Las Abuelas creían que con la
democracia todo sería más fácil y que el Estado les devolvería a sus nietos desaparecidos.
“Pensábamos que la obligación pasaría a ser del Estado, y que el Estado haría
los que nosotras veníamos haciendo, y que en todo caso pasaríamos a ser
colaboradoras”, recuerda Estela de Carlotto.
La historia de Abuelas. 30 años
de búsqueda
En nombre del Estado, vengo a pedir
perdón.
Néstor Kirchner, citado en La historia de Abuelas. 30 años de búsqueda
En
este trabajo se analizan algunos aspectos de La historia
de Abuelas. 30 años de búsqueda (en adelante HA), texto publicado en
2007 por la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo (en adelante APM) con motivo
de su trigésimo aniversario. Se trata de una publicación que consolida una
memoria institucional, mediante la cual APM irrumpe en la escena pública como
un organismo consagrado. Esto resulta fuertemente contrastante con otras
publicaciones –en especial con aquellas que conforman una trilogía con la HA, y
que hemos analizado en otro lugar[1]-,
en las que la organización da cuenta de un gran esfuerzo retórico-argumentativo
tanto para persuadir a ‘la sociedad’ de la existencia de un plan sistemático de
apropiación de niños-niñas implementado por la dictadura cívico-militar
(1976-1983), como de la legitimidad de su búsqueda y demanda de restitución de
los/as nietos/as.
Desde
nuestra perspectiva, entonces, ese cambio no se vincula solamente con su larga
trayectoria de lucha (para ese entonces las Abuelas habían restituido alrededor
de 87 nietos/as) sino, más fundamentalmente, con el contexto de enunciación. En
este sentido, tomando distancia crítica de las tesis –académicas,
periodísticas, militantes- que afirman una relación de cooptación entre el kirchnerismo y algunos de los organismos de derechos
humanos[2],
entre ellos APM, suponemos que el proceso político iniciado con la presidencia
de Néstor Kirchner (2003-2007) –y continuado con los dos ciclos de Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015)-, en el que se llevaron a cabo una
serie de medidas tendientes a convertir la memoria social del terrorismo
estatal y la defensa de los derechos humanos en política de Estado, produjo
nuevas condiciones de audibilidad para las víctimas y protagonistas del pasado
reciente; y que, asimismo, en ese contexto, dichos organismos dieron cuenta
–una vez más- de su capacidad de agencia por medio de un proceso –precario,
contingente- de resignificación discursiva.
Precisamente,
lo que queremos mostrar en este artículo, a través de dos secciones de
análisis, es cómo esa resignificación se plasma en la
HA, por un lado, mediante la configuración de un nuevo ethos discursivo de la
Asociación; y, por el otro, a través de la construcción de una secuencia
narrativa en la que kirchnerismo y derechos humanos
devienen nombres contiguos de una misma causa democrática. De este modo,
suponiendo que existe una relación de mutua contaminación (y no de unidireccionalidad) y que, por ende, no existen sujetos ni
discretos ni ajenos –o exteriores- a los contextos de enunciación, sugerimos
que en dicha publicación APM produce un discurso crítico de los diferentes
gobiernos constitucionales (con excepción del kirchnerismo)
y del Estado, trazando una línea de continuidad entre la dictadura y la
democracia, que si bien se encuentra condicionado –parcialmente- por la
formación discursiva kirchnerista, tratándose de una
memoria institucional de más larga duración, no sólo la excede sino que, a su
vez, da cuenta de cómo el discurso de los organismos sobredeterminó al del anterior gobierno nacional.
La
HA se encuentra periodizada en seis capítulos, que tienen como eje (cada uno de
ellos) distintos momentos de la lucha de la organización en diferentes
contextos y ciclos políticos del país. La publicación exhibe rasgos genéricos
del manual de historia, y si bien hay cita testimonial[3]
predomina la perspectiva de la tercera persona de la narración sobre las Abuelas. Esta predominancia favorece un efecto de
alejamiento temporal y objetividad histórica, solidario con un tono
marcadamente ‘pedagógico’ (como rasgo propio del género), tanto en lo que
respecta a los sucesos de la historia argentina reciente como en lo que
concierne a la conformación de la Asociación.
En
lo que refiere exclusivamente a este segundo aspecto, el relato acerca de la
emergencia y consolidación de APM –en comparación con otros textos- se encuentra altamente estilizado. En este punto se repiten las
mismas secuencias de búsqueda “detectivesca” (en casas cuna, hospitales,
dependencias castrenses) y los antagonistas (militares, policías, curas,
jueces) que analizamos a propósito de Botín de guerra (Quintana,
2014); aunque, en contraste con dicho libro, se escenifica –como se pone de
manifiesto en pasajes como los que siguen a continuación- un ethos[4]
de mujeres ‘estratégicas’ y organizadas (políticamente) en la búsqueda de sus
nietos/as.
Uno de los primeros destinos
[a los que las Abuelas se dirigieron en busca de información sobre el paradero
de las criaturas] fue Brasil. Allí se contactaron con el Comité de Defensa de
los Derechos Humanos en el Cono Sur (CLAMOR), dependiente del Arzobispado de
San Pablo, y recogieron testimonios de sobrevivientes que confirmaban los
nacimientos en cautiverio. “Algunos tenían la memoria bloqueada, pero otros se
acordaban de todo –detalla Estela Carlotto–. Fuimos
acumulando información, y nietitos que eran apenas una sombra empezaron a tener
sexo y fecha de nacimiento”. Copiaron los datos en papel de seda y los
ingresaron a la Argentina envueltos en una caja como si fueran bombones.
“¿Quién iba a sospechar de las viejitas que traían chocolates?” (APM, 2007:
33).
[E]l trabajo no sólo era de
oficina, porque las Abuelas nunca dejaron de ir a la Plaza de Mayo. “En los
bolsillos llevábamos bolitas para tirarles a los caballos que se nos venían
encima”, revela Muñeca. Y allí llevaban pancartas con las fotos de sus hijos y
sus nietos… a la ronda que ya se había convertido en un ritual (APM, 2007: 36).
Asimismo,
la publicación performa
una imagen de organismo profesionalizado, de
perfil interdisciplinario, legitimado, autorizado y especializado en la
búsqueda de personas –niños y adultos- desaparecidas por el terrorismo de
Estado.
Con el retorno de la
democracia se inició el hallazgo de cuerpos enterrados sin nombre en diferentes
cementerios del país. Las primeras exhumaciones de tumbas se realizaron sin
ningún tipo de metodología, lo cual provocaba la destrucción de los cuerpos y
la pérdida de información. Ante esta situación, la CONADEP y las Abuelas de
Plaza de Mayo, junto con otros organismos, empezaron a buscar algún método que
permitiera trabajar en la correcta identificación de los cuerpos. Las Abuelas
volvieron a ponerse en contacto con Eric Stover de la
AAAS (Asociación Americana para el Avance de la Ciencia) para que las asesorara
al respecto. En respuesta a la solicitud de las Abuelas, la AAAS envió un
equipo de científicos forenses para capacitar a cuadros argentinos en las
técnicas arqueológicas utilizadas para abrir tumbas, remover esqueletos y
establecer causas de muerte. Este equipo estaba encabezado por el antropólogo
forense de Oklahoma, Clyde Snow, quien una vez en el
país se puso a entrenar a un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes de
Medicina, Arqueología y Antropología. Este fue el germen de la creación del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (APM, 2007: 60).
El impacto de la lucha de
Abuelas en materia de legislación sobre la niñez ha sido decisivo a escala
mundial. Tanto es así que la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, Niñas y Adolescentes, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, incluye tres artículos directamente promovidos
por las Abuelas, tendientes a proteger el derecho a la identidad. La
Convención, el tratado ratificado por más países (de hecho por todos menos
Somalia y Estados Unidos) reconoce a lo largo de sus 54 artículos que las
personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidas, desarrollarse y
participar activamente en la sociedad, es decir que las considera sujetos de
derecho. Los artículos 7, 8 y 11 se refieren al derecho a la identidad. Son
conocidos como “los artículos argentinos” porque fueron impulsados por las
Abuelas, quienes desde diversas disciplinas –psicología, genética, derecho,
antropología– señalaron al mundo la necesidad de reparar el daño causado por el
terrorismo de Estado (APM, 2007: 86).
Más
aún, se puede agregar que a través de estos enunciados, que describen y evalúan
de manera retroactiva la capacidad de agencia política de la Asociación (y que
proliferan a lo largo de toda la publicación), la HA escenifica un ethos de organismo –no
sólo profesionalizado sino- consagrado; reconocido por la creación de
instrumentos tendientes a la defensa y promoción de los derechos humanos en
general y de los derechos de los niños en particular, tanto a nivel nacional
como internacional.
No
obstante, esa construcción de imagen de consagración, allende de realizarse –utilizando
la distinción que traza Dominique Maingueneau (2002)-
como ethos mostrado, es actuada como ethos dicho por la
propia Asociación[5].
En este sentido resulta sugerente la interacción que se produce entre la imagen
de APM que compone y modaliza el texto en su conjunto
y el prólogo a la publicación (firmado por Estela de Carlotto,
presidenta de la organización en ese entonces y hasta la actualidad), puesto
que, a través de este último, las Abuelas no sólo se apropian del
reconocimiento social, sino que validan, en ese mismo gesto de enunciación, la
imagen de sí que les devuelve la HA (como mirada metonímica de la sociedad en
su conjunto). En dicho prólogo, las Abuelas escriben:
[h]oy, treinta años después, tenemos el consenso social por
nuestra legítima lucha. El reconocimiento nacional e internacional en la
búsqueda de nuestros niños robados que generó además la defensa de todos los
derechos de los niños del planeta.
Muchos generosos amigos nos
llaman “abridoras de caminos” destacando el aporte que dimos a la ciencia de la
genética, de la psicología, de la jurisprudencia.
Quizá tienen razón en sus
elogios. Lo que sí debemos reconocer como un mérito nacido del amor a nuestra
prole es que decenas de los nietos robados recuperaron sus derechos violentados
iniciando el camino de su libertad con su propio nombre, historia y familia.
Verlos crecer, sentirlos cerca, acompañar sus vidas es el mejor premio para
cada Abuela.
Este libro que hoy nace es
una devolución a la sociedad que nos acompaña haciendo posible cada encuentro.
Su lectura fortalecerá
convicciones y seguramente demostrará que hoy ya nadie puede oponerse, al menos
públicamente, a la restitución de la identidad de los niños desaparecidos (en
APM, 2007: 13-14).
En
efecto, con –y en- el prólogo se produce un juego entre la imagen
profesionalizada que les devuelven los otros (imagen
no sólo mediada por la publicación, sino evocada directamente al referir, por
ejemplo, a esos “amigos” que las llaman “abridoras de camino” por los aportes
realizados a la genética, la psicología y el derecho) y la conciencia
de sí como ‘luchadoras’ que recuperaron nietos/as, devolviéndoles la
libertad, el nombre propio, la historia, la familia. De esta última conciencia,
finalmente, sin ambivalencias, las Abuelas se muestran poseedoras.
Pero
más aún, en ese juego dialéctico entre el
reconocimiento de los otros y la autopercepción de
sí, emerge otra conciencia; una conciencia en torno de que ya no es preciso
convencer a ‘la sociedad’ de la responsabilidad de la dictadura cívico-militar
por la desaparición-apropiación de medio millar de niños/as y, por ende, de la
legitimidad del reclamo de restitución de APM. Muy por el contrario, a treinta
años de conformación de la organización, las Abuelas cuentan con el consenso
social. En este sentido, en lo que respecta a la configuración enunciativa del
texto, como decíamos en la introducción de este trabajo, a diferencia de las otras
publicaciones que conforman la trilogía, en la HA no hay esfuerzo persuasivo,
puesto que ahora les hablan a los convencidos (por eso este libro ‘nace’ como
una “devolución a la sociedad” y busca fortalecer convicciones instaladas). Es
decir que, en el presente de la enunciación, no es necesario ni convencer ni
polemizar porque no hay escépticos u opositores a la restitución de
niños-jóvenes desaparecidos. Y no los hay, al menos manifestándose
públicamente, porque, según el punto de vista que instaura el texto, el Estado
ya no es el obstáculo de los organismos y la lucha por los derechos humanos.
Precisamente,
a propósito de esto último, como adelantamos al comienzo y veremos en la
sección que sigue, la publicación realiza una crítica respecto de los posicionamientos
y políticas del Estado de derecho, desde el gobierno alfonsinista hasta el kirchnerista, en torno de la causa de los derechos humanos.
En este punto, por medio de una narrativización, el
Estado es mostrado como un adversario de la organización –hasta la victoria de
Kirchner, momento a partir del cual comienza a producirse una transformación
favorable para las Abuelas. De este modo, al diacronizar
(narrativamente) los posicionamientos estatales adversos también se historiza, como la otra cara de la moneda, el ethos condensado o
cristalizado de organismo ‘consagrado’ que exhibe la HA; puesto que, a través
de dicha narrativización, la publicación evidencia
cómo desde el propio Estado se obstaculizó la búsqueda de los/as nietos/as y
cómo, pese a ello, APM prosiguió localizando niños/as y exigiendo su
restitución. Así no sólo se refuerza la imagen de luchadoras inclaudicables de las mujeres, sino que además se
escenifica un ethos de
organismo politizado, partícipe decisivo de la arena pública y la reconstrucción
y defensa de la democracia.
Como
señalábamos con anterioridad, en la HA no hay esfuerzo retórico-argumentativo para
probar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas (y sus cómplices civiles y
eclesiásticos) en la desaparición-apropiación de niños/as y la necesidad de
restituirlos/as; por el contrario, en este contexto discursivo, la Asociación
–es consciente de que- cuenta con el acompañamiento y reconocimiento social.
Sin embargo, del hecho de que no haya polémica no se sigue necesariamente que
no haya antagonistas; lo que cambia, en todo caso, es que éstos aparecen
dispuestos –en el plano del enunciado- en el pasado.
En
relación con lo anterior, en el parágrafo precedente mencionamos que esta nueva
publicación repite hitos cruciales en la historia de
la Asociación, ya narrados en Botín de guerra
y en Identidad, despojo y restitución,
identificando a sus ‘enemigos’ (Proceso de Reorganización Nacional, jueces
cómplices, políticos) y describiendo los obstáculos tendidos a la búsqueda,
localización y restitución de los/as niños/as apropiados/as. No obstante, a
diferencia de dichos textos, la HA construye una perspectiva sobre la historia
reciente del país, que progresa (en el sentido del relato) desde la dictadura
hasta el presente de la enunciación y coloca al Estado, no sólo autoritario
sino también democrático, como el gran adversario de los organismos. En este
sentido, el recorrido narrativo del libro escenifica una tensión polémica entre
APM y el Estado que, sin embargo, comienza a difuminarse con la asunción
presidencial de Kirchner; momento a partir del cual ambos (ex) antagonistas
comienzan a confluir en un mismo locus
enunciativo respecto del tópico de (la violación a) los derechos humanos. De
este modo el libro performa
una clave de lectura fuertemente politizada, en la que APM/derechos humanos y kirchnerismo devienen nombres contiguos
de una misma causa[6].
En
lo que sigue entonces, se reconstruye una secuencia narrativa, en el marco de
la cual se examinan críticamente los posicionamientos del Estado democrático,
bajo los diferentes gobiernos constitucionales, exponiendo sus marchas y
contramarchas en torno de las políticas de derechos humanos y la ‘tramitación’
del pasado reciente. Más precisamente, a través de dicha secuencia, se
construye una línea de continuidad entre el pasado dictatorial y la democracia,
que encuentra su punto de inflexión a partir de 2003. Veamos.
En
primer lugar se pasa revista de la actuación de Raúl Alfonsín. Si bien al
presidente radical se le reconoce la importancia –insoslayable- de la creación
de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para
investigar la desaparición de personas y juzgar a los militares, las Abuelas le
enrostran el hecho de haber suscripto al principio de lectura de ‘los dos
demonios’.
La CONADEP [que estuvo a
cargo de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
dictadura] fue conformada por 13 miembros y cinco secretarios, y tomó
declaración a víctimas y familiares para poder documentar lo ocurrido en el
país durante esos años. Si bien las investigaciones de la CONADEP fueron
apoyadas por los organismos y representaron un avance sustancial en la búsqueda
de verdad y justicia, algunas de sus posturas iban a tono con la “teoría de los
dos demonios”, según la cual habría habido dos bandos beligerantes en
conflicto, algo
que nunca ocurrió y que por eso siempre fue rechazada por familiares de afectados
y organismos de derechos humanos (APM, 2007: 54).
Es
decir que, en lo que respecta al contenido este enunciado, pese a que durante
la transición –en un contexto en el que los grupos de ‘familiares’ se habían
transformado en el símbolo más importante de la resistencia a la dictadura y las
protestas alrededor de la violación de los derechos humanos habían alcanzado
altos niveles de participación social- el presidente radical logró articular
eficazmente la causa de los derechos humanos con la causa democrática[7];
sin embargo, redefinió las responsabilidades respecto de las violaciones de los
derechos humanos en la clave –que había proliferado durante los primeros años
de la dictadura[8]-
de los ‘dos terrorismos’, y reconfiguró, de ese modo, la lectura sobre el
pasado que había prevalecido (entre dichos grupos) hasta ese momento. Según esa
cifra, que dio lugar a la “teoría de los dos demonios”, las violaciones de los
derechos humanos debían ser entendidas y juzgadas, sin ‘revanchismos’ ni
‘parcialidades’, en los términos de una confrontación entre dos ‘bandos’
beligerantes, igualmente responsables de la violencia y del ‘horror’ del
pasado: militares y subversivos. Y esta postura, que quedó explícitamente
formulada en el primer prólogo del Nunca Más[9], es criticada en el libro de APM, entre otras cuestiones,
por los efectos prácticos que conllevó a la hora de atribuir responsabilidades.
[T]ras un año de
trabajo, la CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato, entregó a Raúl
Alfonsín el informe Nunca Más, donde
se detallaban los crímenes atroces cometidos por el régimen militar. El informe
recibió algunos cuestionamientos, en particular por su prólogo: “Durante la
década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto
de la extrema derecha como de la extrema izquierda”, decía. La idea de que hubo
una guerra yacía en estas líneas. Y esta idea, más tarde, sería utilizada como
respaldo argumental para las leyes que trataron de borrar la responsabilidad de
los militares en la instauración del terrorismo de Estado (APM, 2007: 70).
Por
consiguiente, aquellas medidas que primero consolidaron la articulación entre
democracia y derechos humanos, como la multitudinaria convocatoria de la
CONADEP y el Juicio a las Juntas y su histórico fallo[10],
se convirtieron luego en el puntapié inicial del distanciamiento entre el
gobierno y los grupos de derechos humanos.
Pero
además, la Asociación le critica al presidente radical el hecho de haber
claudicado frente a las presiones cívico-militares, lo que desembocó en la
sanción de las leyes impunidad (= perdón = olvido).
1986 no terminó bien para las
Abuelas ni para el resto de las entidades defensoras de los derechos humanos.
El distanciamiento con el Poder Ejecutivo había comenzado un año antes, con la sentencia
a los ex comandantes, que lógicamente despertó malestar en las Fuerzas Armadas.
El 24 de abril [de ese mismo año] el Gobierno instruyó a la fiscalía general de
las Fuerzas Armadas para que impulsara las acciones en los juicios sobre
delitos cometidos por los militares con el objeto de acelerar y agrupar los
procesos. Era una medida destinada a dejar impunes a los responsables de
crímenes y torturas. Y esta impunidad cobró forma el 23 de diciembre con la
aprobación en Diputados de la ley de “Punto Final”, que establecía un plazo
límite para enjuiciar a los represores. La ley de Punto Final fue rechazada por
importantes sectores de la sociedad civil y por todos los organismos de
derechos humanos (APM, 2007: 79-80).
Cuatro meses y medio más
tarde, el 15 de abril de 1987, se produjo la rebelión “carapintada”
de Semana Santa en Campo de Mayo. Los sediciosos, encabezados por el teniente
Aldo Rico, exigían una reivindicación social de los militares y amenazaban con
un nuevo golpe de Estado. Fueron días de mucha tensión. El domingo 19 de abril
la Plaza de Mayo se llenó de manifestantes autoconvocados
en defensa de la democracia.
Alfonsín, tras reunirse con
Rico y convencerlo de que desistiera, pronunció en el balcón de la Casa de
Gobierno las palabras que pasarían a la historia: “Hoy podemos todos dar
gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre”. En ese mismo discurso
llamó a los militares sublevados “hé-
roes de Malvinas”, anticipando claramente el lugar que a partir de allí les asignaría
y el debilitamiento de su gobierno.
La gente festejó, pero sin
duda, algo se había quebrado. Se trató del principio del fin del gobierno
alfonsinista. Un mes después el pacto de impunidad se consolidó aún más con la
sanción de la Ley de Obediencia Debida[11]
(APM, 2007: 80-81).
Entonces,
aunque en un comienzo los organismos se identificaron con el discurso (de la
democracia) alfonsinista, tiempo después esa identificación comenzó a
erosionarse y la relación inicial (de contigüidad) entre democracia,
alfonsinismo y derechos humanos a plantearse en términos conflictivos y
antagónicos, en tanto el gobierno que había encarnado en sus orígenes la causa
por los derechos humanos se mostraba –más tarde- como su principal opositor[12].
Y
si el ciclo alfonsinista –desde 1984 a 1989- es caracterizado en la HA como una
etapa de “democracia y desilusión”; el siguiente, es decir, el período que
corresponde al gobierno de Carlos Saúl Menem, es señalado por “la falta de
justicia”. Puesto que además de las “leyes del perdón” sancionadas por el
gobierno de Alfonsín, tras un nuevo motín militar –que se sumaba a los tres
levantamientos sucedidos durante el gobierno radical-, el flamante presidente
indultó a los militares, sellando así el “pacto de impunidad”[13].
A pesar de las masivas
movilizaciones en reclamo de justicia, las fuerzas de seguridad lograron
rápidamente la impunidad que pretendían. Los indultos de Menem significaron un
duro golpe para las Abuelas y para el movimiento de derechos humanos en
general. “Nunca voy a olvidar la marcha en contra del indulto –rememora Alba Lanzillotto–. Recuerdo cuando llegué a la Avenida de Mayo y
me encontré con esa fila interminable de gente, cerca de doscientas mil
personas, todas gritando ‘no’. Aún hoy tengo metido adentro ese ‘no’, era como
un ventarrón, nunca he visto algo semejante”. […] Además de la multitudinaria
manifestación contra el indulto realizada el 12 de octubre de 1990, los
organismos junto a un estrecho sector de la sociedad hicieron muchos esfuerzos
para evitar el pacto de silencio y olvido. “Incluso nos reunimos con Menem para
pedirle que no indultara. Su respuesta fue que iba a hacer ‘lo mejor para toda
la ciudadanía’. Y ya sabemos lo que hizo”, recuerda Estela Carlotto.
No hubo forma de parar los indultos y hubo que esperar 10 años más para hacer
justicia (APM, 2007: 92).
Sin
salir entonces de la lógica del relato, si bien durante el menemismo se
sancionaron leyes de reparación económica y se creó, en 1992, por solicitud de
APM, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad[14]
(CONADI), continuó profundizándose la distancia de las Abuelas –y del resto de
los organismos de derechos humanos- con el Estado.
En
ese contexto, además, en lo que respecta exclusivamente a la apropiación de
niños/as, la publicación rememora cómo la Corte se vuelve adversa a la restitución
de identidad:
[e]n
1995 la Corte Suprema de Justicia le negó la identidad a Emiliano [Castro Tortrino] al dar por prescripta la acción penal, y no
pronunciarse acerca de la obligatoriedad del análisis genético. Las Abuelas
respondieron lanzando una campaña nacional e internacional para reunir un
millón de firmas y enviarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA para protestar contra el fallo, violatorio de la Convención de los Derechos
del Niño. El Estado argentino fue obligado a establecer una instancia de
mediación, todavía en curso. Los padres de Emiliano y su tío
paterno continúan desaparecidos (APM, 2007: 106).
Asimismo,
la publicación enfatiza cómo durante el gobierno menemista los medios de
comunicación se oponen a la lucha de las Abuelas, en tanto
presentaban la restitución como una
decisión dañina para los niños. [Y nada decían] de los padres biológicos
asesinados y menos aún de los delitos cometidos por los apropiadores, que
impunemente habían robado a dos niños. [Ni tampoco hablaban] del derecho que
los secuestradores habían cercenado a los niños: a la identidad[15]
(APM, 2007: 103);
y cómo, en consecuencia, informada
por esos mismos medios,
[u]na gran parte de la sociedad, por desconocimiento,
consideraba que los niños localizados debían quedar en manos de las familias
apropiadoras. [Pues] las leyes de impunidad impedían generar las condiciones
para comprender “que los asesinos y ladrones de bebés que andaban por la calle
eran ni más ni menos que delincuentes” (APM, 2007: 99).
Y
si bien a mediados de los años noventa en la publicación se destaca una
‘renovación’ generacional del discurso de APM, relacionada con la irrupción en
la escena pública de los propios nietos-nietas restituidos, de sus hermanos/as
y sus primos/as (algunos/as de ellos/as colaboradores/as de APM y militantes de
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S.)), en un contexto –además- de repolitización de la memoria[16]
y de incipiente ‘desmoronamiento del pacto de impunidad’[17],
el distanciamiento de los organismos de derechos humanos con el Estado,
iniciado con el gobierno de Alfonsín y profundizado durante el menemismo,
continúa afianzándose con el gobierno de la Alianza.
El gobierno de Fernando De la
Rúa rechazó sistemáticamente todas las extradiciones de represores, incluido el
pedido de captura de 48 militares argentinos girado a Interpol por el juez
español Baltasar Garzón, entre los que se encontraban Videla, Massera, Astiz y Bussi (APM, 2007: 138).
De
ese modo, siempre siguiendo la secuencia narrativa de la HA, los militares no
sólo gozaban de la impunidad asegurada por el Estado, sino que además
disputaban públicamente el sentido y la memoria en torno del pasado reciente y
la justicia. Tal es así que –para las Abuelas- durante el mandato provisional
de Eduardo Duhalde, el por entonces jefe del Ejército Argentino, Ricardo Brinzoni, decía lo siguiente:
El Ejército despide hoy [12
de enero de 2003] a uno de sus comandantes en jefe. En épocas de convulsión y
desencuentros de la sociedad argentina, actuó y decidió según sus convicciones.
Su gestión ya está en la historia. En estos últimos años, enfrentó con entereza[18]
las dificultades y cumplió como un soldado disciplinado todas las órdenes y las
políticas institucionales dictadas por el Ejército. Que los acordes de la banda
de Patricios lo acompañen en este último viaje y que Dios nuestro señor vele
por la familia que él tanto amó. Señor teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, descanse en paz[19]
(citado en APM, 2007: 165).
Ahora
bien, si hasta aquí el Estado es mostrado –de forma progresiva- como garante de
la impunidad, la llegada de Kirchner representa un punto de inflexión para APM,
una transformación radical (altamente contrastante con los gobiernos anteriores)
en materia de memoria, verdad y justicia. Pues a ello hace referencia el
siguiente pasaje de la HA:
El 25 de mayo Néstor Kirchner
asumió como presidente: “Llegamos sin rencores pero con memoria”, dijo en su
discurso de asunción. Tres días más tarde descabezó las cúpulas militares –Brinzoni fue removido y su lugar lo ocupó el general
Roberto Bendini– y el 1° de junio pasó a retiro a las
cúpulas policiales. El 30 de mayo el presidente recibió a las Madres de Plaza
de Mayo, y éste fue el inicio de una relación fluida y cercana con los
organismos de derechos humanos.
El Congreso, en tanto, aprobó
en agosto la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así
comenzó la reapertura de causas en la Justicia –entre ellas las “megacausas” ESMA y Primer Cuerpo de Ejército–, y todos
estos hechos fueron la antesala de un cambio de rumbo en materia de derechos
humanos y de un reconocimiento, por parte del Estado, de los crímenes cometidos
durante la última dictadura (APM, 2007: 168-169).
Luego
es posible afirmar que, desde este punto de vista, Kirchner simboliza la
irrupción acontecimental de lo heterogéneo frente a
la homogeneidad de un pasado marcado por la impunidad y, en este sentido,
constituye un momento re-fundacional para la democracia en general y para los
derechos humanos en particular.
Esto
último concuerda con la interpretación de Barros, quien afirma que dicho
presidente emergió en la escena pública representando (discursivamente) aquello
que había estado ausente en las últimas décadas de democracia en la Argentina:
la justicia[20];
y que fue en el transcurso de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final, entre los meses de junio y septiembre del año 2003[21],
que su discurso de ruptura con el pasado-presente de impunidad comenzó a ganar
impulso y credibilidad. En palabras de Barros, esa “fuerza de frontera [con el
pasado] situó a Kirchner no sólo en una relación de solidaridad con la demanda
de los derechos humanos sino que lo constituía en la encarnación misma de la
lucha por la verdad, por la memoria y la justicia en el país”; por eso, agrega
la autora, “[e]n el transcurso de unos pocos meses, la relación de contigüidad
entre los derechos humanos y el nuevo gobierno que se esbozaba desde el
discurso oficial encontraba una respuesta favorable entre los distintos grupos”[22]
(2012: 65-66).
Precisamente,
desde nuestra perspectiva de análisis, esa “respuesta favorable” es la que
queda plasmada en la HA, y es desde ese contexto propicio para los derechos
humanos, en el que desemboca la narrativización y se
anudan de manera contigua los dos personajes: APM y Estado, que las Abuelas
hablan en el presente de la enunciación. Pues en ese marco, la Asociación se
encuentra finalmente consagrada, el derecho a la identidad está legitimado y la
sociedad cambió (puesto que empezó a “comprender que la apropiación de niños
durante la dictadura es un problema actual y no un asunto del pasado” (APM,
2007: 223)). Por su parte, el Estado ya no es ni ‘imparcial’ respecto de
violación a los derechos humanos –y la militancia de los años 70[23]-
ni tampoco constituye un obstáculo para el trabajo de la organización (y del
resto de los organismos[24]);
por el contrario, es el garante de un “contexto de verdad” (APM, 2007: 209), en
el cual se ‘masifican las presentaciones espontáneas’ de jóvenes que dudan
sobre su identidad y a quienes, las Abuelas, continúan buscando interpelar.
A
lo largo de este escrito analizamos algunos aspectos de la HA; en particular,
examinamos la configuración de un ethos de consagración de la organización en un contexto político
de enunciación favorable a los organismos de derechos humanos. En este sentido,
además, mostramos cómo a través de una secuencia narrativa la Asociación
critica retroactivamente al Estado de derecho, bajo diferentes gobiernos
constitucionales, por haber impulsado medidas tendientes a dejar impunes los
crímenes (perpetrados por civiles y militares) de la última dictadura y por no
haber actuado (pese a que los casos de apropiación no fueron alcanzados por las
leyes del perdón) contundentemente en la búsqueda de los/as nietos/as. Esta
situación, no obstante, se revierte –siempre en la lógica del relato- con la
asunción de Kirchner, momento a partir del cual APM/derechos humanos y kirchnerismo se transforman en nombres contiguos de una
misma causa.
Ahora bien, lo anterior no tiene porqué
conducir a las acusaciones de pérdida de autonomía de las Abuelas frente a
Estado. Por un lado, porque ello implica desconocer la demanda histórica de la
Asociación de que el Estado intervenga en la búsqueda y restitución de los/as
nietos/as. Por el otro, porque, en sintonía con lo que Virginia Morales afirma
para las Madres de Plaza de Mayo, la identificación de APM con un gobierno más
que ser sinónimo de cooptación es parte de un proceso de articulación política
contingente que, como tal, resignifica su lucha
(2012: 61). En este sentido, tampoco puede desconocerse que desde su emergencia
durante la dictadura los grupos de derechos humanos –entre ellos, las Madres y
las Abuelas- han tomado partido, definiendo y redefiniendo su identidad, sin
ser jamás ajenos a los contextos ni a las relaciones y disputas de poder
(Morales, 2012: 63). Por eso, cabe sostener –con Morales- que los marcos de
sentido que inaugura el kirchnerismo si bien
condicionan a dichos grupos no los determinan en su capacidad de agencia
discursiva y reformulación temporal.
Finalmente, resta señalar que el efecto de
clausura del antagonismo con el Estado y de imagen de consagración que produce
la HA vuelve a ponerse en cuestión; en tanto, en un nuevo contexto político del
país, en el que se produjo un cambio de signo partidario, los organismos de
derechos humanos –una vez más- se enfrentan a la deslegitimación no sólo de su
lucha, sino, más profundamente, de su existencia. En esta dirección los gestos
del actual gobierno de Cambiemos han sido y son explícitos. No sólo sus
exponentes se han referido al “curro” los derechos humanos[25]
o han puesto en cuestión la cifra histórica –estimada por los organismos- de
desaparecidos/as[26],
sino que han avanzado en el vaciamiento de áreas del Ministerio de Seguridad
vinculadas con las políticas de derechos humanos implementadas durante el
gobierno anterior. Incluso, recientemente, APM denunció el cierre de un área
clave para la restitución de nietos/as apropiados/as, creada para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía
judicial[27].
Pues esto último expone descarnadamente las dificultades que afrontan
los organismos para que una política de derechos humanos (asumida por un
gobierno y en respuesta a muchas de sus demandas históricas) se traduzca en una
política estatal de larga duración.
Ante este nuevo panorama, entonces, tendremos
que permanecer atentas/os a las derivas discursivas de la Asociación, porque,
como bien saben –y nos han enseñado- las Abuelas, la lucha (siempre) continúa.
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Universidad de Buenos Aires.
___
María Marta Quintana
mariamarta.quintana@gmail.com
Doctora en Filosofía (Universidad de Buenos Aires);
becaria posdoctoral del CONICET (en Instituto de Investigaciones en Diversidad
cultural y Procesos de Cambio, IIDyPCa de la
Universidad Nacional de Río Negro, CONICET); docente de la Universidad Nacional
del Comahue (UNCo).
[1] Se trata de Botín de guerra (Nosiglia, 1985) e Identidad,
despojo y restitución (Herrera y Tenembaum, 1989), textos que, junto
con la HA, hemos analizado en nuestra tesis doctoral (Quintana, 2016).
[2] Esas tesis han sido
discutidas por Barros (2012) y Morales (2012).
[3] No obstante, las
citas testimoniales no son de ‘primera mano’ sino que son extraídas de las
publicaciones anteriores. Es decir, que esta nueva publicación se apoya en la
propia producción editorial de la organización.
[4] La noción de ethos, proveniente de la Retórica de
Aristóteles, refiere, por una parte, a los rasgos proyectados por el orador en
su discurso; y, por la otra, a sus cualidades morales, virtudes y valores. No
obstante, como destaca Soledad Montero, el análisis del discurso contemporáneo
tiende a subrayar el primero de los aspectos, en tanto “puesta en escena del
yo”, lo cual –continúa la autora- conlleva algunas consecuencias teóricas,
epistemológicas e ideológicas que es preciso atender. Entre ellas, “la más
notoria es la tendencia a pensar el discurso argumentativo desde una
perspectiva estratégico-instrumental, como mero set de herramientas o técnicas
para la construcción de una imagen “eficaz” en términos persuasivos, lo que en
ocasiones oblitera la reflexión sobre la relación del sujeto con las
condiciones de producción de su decir” (2012: 224). Esta observación nos
permite explicitar el modo en que, por nuestra parte, partiendo de las
formulaciones de Dominique Maingueneau (2002) y de Ruth Amossy (2010), asumimos
dicha noción. Pues entendemos que el ethos es un
modo del aparecer del sujeto en la enunciación, que, como ‘imagen de sí’,
‘actúa’, reitera, formaciones ideológicas, éticas y políticas disponibles en el
campo social. En este sentido, si bien los rasgos de ‘sí mismo’ que el
enunciador acentúa –en la escena enunciativa- evidencian cierta capacidad de
‘elección’ en virtud de persuadir al público, no es menos cierto que esas
características (retóricas) se encuentran sobredeterminadas por el contexto
histórico, poniendo de manifiesto a la vez la
inscripción social, cultural, ética, política del enunciador.
[5] Mientras el ethos mostrado
concierne a la imagen de sí que el locutor proyecta en la enunciación aunque
sin referirse a sí mismo; el ethos dicho reenvía a lo que el locutor enuncia explícitamente
sobre sí, poniéndose como tema de su propio discurso.
[6] La relación de
contigüidad entre derechos humanos y kirchnerismo es
explorada y desarrollada desde un enfoque post-estructuralista del discurso por
Barros (2012). En ese lugar la autora muestra, a través del análisis de una
heterogeneidad de discursos, cómo a partir de 2003 comienza a producirse un
nuevo proceso articulatorio que moviliza sentidos disponibles en relación con
los derechos humanos y pone a éstos en relación de estrecha solidaridad con el
nuevo proyecto político. Por nuestra parte, interesa mostrar cómo en la HA esa
correlación –o contigüidad- se produce a través de una secuencia
narrativa.
[7] A propósito, Barros
escribe que “[d]esde el principio de su campaña política, Alfonsín fuertemente
criticó la represión ilegal lanzada por el régimen militar y no dejó dudas de
su intención de revisar el pasado reciente. En este sentido fue el único líder
que dio a conocer el marco legal que implementaría para dar respuesta al
problema de las violaciones de los derechos humanos y se mostró poco vacilante
ante cualquier forma de perdón generalizado. A través de estas y de otras
acciones solidarias con los reclamos por los derechos humanos, y como
consecuencia de las posiciones de sus adversarios políticos como así también de
la actitud del propio gobierno al líder radical, Alfonsín se convirtió en la
mejor expresión de la oposición al mundo pasado de violencia y abusos. En los
meses previos a las elecciones generales, la figura del líder político radical
aparecía como la única posición política capaz de dar respuesta a los reclamos
por justicia y verdad. Así fue entendido por los propios grupos de familiares
de las víctimas, lo que finalmente se expresó en el apoyo explícito por parte
de estos grupos a la causa democrática” (Barros, 2012: 46-47). En esta clave de
lectura, cf. también Aboy Carlés
2001 y 2004.
[8] Sobre este punto,
ver Carassai (2010) y Franco (2012).
[9] En efecto, como
observa Crenzel, el Nunca Más reproduce
la perspectiva del poder político presente en los decretos de juzgamiento a las
cúpulas guerrilleras y a las Juntas militares desde un lenguaje afincado en la
ley y la “imparcialidad”, contrapuesto al ejercicio ilegítimo o ilegal de la
violencia. La periodización del pasado se sostiene sobre una perspectiva
institucional basada en la dicotomía entre democracia y dictadura (esta última
como garante de que el horror no vuelva a repetirse). Para Crenzel, esta
mirada, por un lado, silencia las responsabilidades políticas del gobierno
peronista, las fuerzas armadas y la sociedad con anterioridad al Golpe. Por
otra parte, presenta a las desapariciones como producto de la emergencia de un
“estado del Estado”, el dictatorial, que en forma reticular y capilar violentó
la vida con impunidad. En ese proceso, agrega el autor, “la “sociedad” es
retratada como conjunto en una posición dual: como posible víctima y como
observadora ajena que, si justifica el horror, es debido al terror imperante.
En ambos casos, inocente del ejercicio de la violencia y del horror” (2007:
52). Asimismo, el prólogo no sólo convierte a los desaparecidos en ‘víctimas’
ajenas a la lucha armada sino que busca despolitizar –más en general- la causa
de los derechos humanos.
[10] A propósito del
fallo, en la HA se señala que: “[s]e presentaron más de 700 casos y alrededor
de 800 testigos –los testimonios recogidos sumaron 900 horas– y el 9 de
diciembre del mismo año la Cámara Federal fijó las sentencias. Jorge Rafael
Videla y Eduardo Emilio Massera: prisión perpetua e inhabilitación absoluta
perpetua. Roberto Viola: 17 años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua.
Armando Lambruschini: ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Orlando Agosti: cuatro años y medio de prisión e inhabilitación absoluta
perpetua. Por su parte, Jorge Anaya, Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna y
Basilio Lami Dozo fueron absueltos de culpa y cargo. La condena, leída por
Arslanián, reconoció en su texto la existencia de un plan de exterminio
genocida. Contadas veces en la historia se había juzgado a personas de tan alto
rango, de hecho se procesó a tres ex presidentes de facto de la Nación. Los
únicos antecedentes eran el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis y años más
tarde, en 1975, el juicio a los coroneles griegos. Las condenas a los ex
comandantes del Proceso dieron continuidad a la búsqueda de justicia y
representó una profundización de la democracia”. No obstante, según el abogado
de Abuelas Luciano Hazan, si bien “el juicio fue
simbólicamente importante, una decisión política clara que implicaba la
persecución penal de los responsables máximos de la dictadura militar […] al mismo tiempo tenía sus limitaciones, porque obviamente no iba a
satisfacer a las Abuelas: ellas estaban buscando a sus hijos vivos”.
Por eso, más allá de la búsqueda de justicia lo que hubo
allí fue una búsqueda de verdad (APM: 2007: 70-71; el subrayado es
nuestro).
[11] Cabe señalar que la
Obediencia Debida no incluía a los responsables por la apropiación de niños/as.
Por eso, si bien todas las causas fueron archivadas, cerradas y sobreseídas, las causas por apropiación de menores
continuaron vigentes y se convirtieron en la bandera de todos los organismos,
“ya que era la única “fisura” que tenía la Justicia para condenar a los
represores que habían logrado quedar absueltos” (APM, 2007: 81).
[12] Según Barros, ello
se explica teniendo en cuenta que las medidas alfonsinistas, en vez de encausar y
solucionar los reclamos de los familiares de las víctimas, desencadenaron un
nuevo proceso de movilización popular y un desborde inesperado de los canales
judiciales. Ese desborde se tradujo en una creciente politización de la causa
de los derechos humanos, que condujo –a su vez- a una aparente pérdida de
control del gobierno radical sobre su política de revisión del pasado y su
narrativa del presente. Frente a ello, -si se considera que las organizaciones
pusieron en jaque la lectura de la “guerra sucia” y cuestionaron la relación de
equivalencia que se establecía en el discurso alfonsinista entre las fuerzas
militares y los grupos revolucionarios de izquierda respecto de la
responsabilidad por la violencia política- más allá de sus efectos
legislativos, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final buscaban estabilizar
el sentido sobre el pasado reciente (2012: 52).
[13] Sebastián Pereyra
(2005) ofrece un interesante análisis acerca de cómo las protestas de derechos
humanos, a través de sus organizaciones “históricas”, durante los noventa
reconfiguraron su reclamo de juicio y castigo en torno de la noción de
“impunidad” como símbolo del problema de justicia que había dejado irresuelto
el sistema democrático.
[14] La CONADI depende
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. “Desde la sanción de
la ley 23.849, en septiembre de 1990, que incorporó la Convención sobre los
Derechos del Niño al derecho argentino, las Abuelas venían pidiendo la
conformación de una comisión técnica especializada que tuviera como objetivos
velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención y,
simultáneamente, la búsqueda y localización de los niños desaparecidos” (APM,
2007: 95).
[15] Por ejemplo, “[los
mellizos Reggiardo Tolosa] fueron expuestos en programas televisivos conducidos
por simpatizantes de la dictadura, en los que se invitaba al matrimonio
apropiador o se lo conectaba vía telefónica, cuando el juez había prohibido
claramente el contacto con los chicos y más aún su exposición en los medios.
“Acá afuera está tu mamá histórica”, le decía Bernardo Neustadt a los mellizos
que se encontraban en el estudio durante la emisión de su ciclo Tiempo Nuevo.
En ese programa Neustadt, quien en pleno Mundial 78, mientras desaparecía el
periodista Julián Delgado, alababa al dictador Videla en la revista Gente, llegó a preguntarse cómo podía ser
que “un juez joven” [por Ballestero] tuviera que esperar a que los medios le
dijeran para decidirse a “cambiar la guarda de los chicos”. Por su parte, la
producción del programa de Hadad y Longobardi (H&L) invitó a las Abuelas
con el acuerdo de que los mellizos no estarían en el piso. Pero violando dicho
acuerdo y las recomendaciones del juez los periodistas hicieron ingresar a los
chicos. Las Abuelas se retiraron del estudio y nunca se explicó a la audiencia
lo que había ocurrido” (APM, 2007: 103-104).
[16] Como sostiene Marina
Franco, haciéndose eco de los “estudios de memoria” en Argentina, es posible
identificar cuatro etapas, marcadas en buena medida por las políticas estatales
frente al pasado reciente, de la lucha por la(s) memoria(s). Una inicial
vinculada con la transición democrática, en la que “el centro del consenso y de
la legitimidad social para expresar “la memoria” del “pasado traumático”
pareció ser asignado, primordialmente, a quienes habían sufrido en “carne
propia”, a los “desaparecidos” y sus familiares (2005: 145). Un segundo
momento, que se extiende entre fines de los 80 y mediados de los 90,
caracterizado por un largo período de silenciamiento. Durante este período,
agrega la autora, “los indultos oficiales y el vaciamiento ético de todo el
entramado político y social de la etapa menemista le fueron restando espacio
público a los portadores de las memorias del pasado. Se registró entonces un
cierto “retroceso” de la memoria hacia el espacio social privado –o
directamente hacia el silencio- y un cierto aislamiento de los organismos de
derechos humanos en su búsqueda de interlocutores públicos” (2005: 146). No
obstante, continúa, alrededor de 1995 se suele delimitar un tercer momento, de
“explosión de la memoria”, jalonado por ciertos hechos claves: “el discurso
autocrítico del Jefe del Ejército, Martín Balza, en el que se reconocían los
crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas; las confesiones públicas de Adolfo
Scilingo sobre la forma en que se mataron e hicieron desaparecer los cuerpos de
los secuestrados y, finalmente, la aparición de la organización H.I.J.O.S. como
la nueva protagonista de la exigencia de justicia. H.I.J.O.S. no sólo significó
un relevo generacional de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sino una
reactualización de las demandas de memoria y justicia, reincorporando –al menos
un sector de ellos– la reivindicación de la lucha política y de los ideales de
sus padres desaparecidos” (Franco, 2005: 147). Por último, la historiadora hace
referencia al nuevo lugar social, material y simbólico, que se abrió para las
víctimas y protagonistas del pasado reciente a partir del gobierno de Kirchner.
Estas cuatro etapas –como venimos advirtiendo en la secuencia narrativa- están
claramente demarcadas en la HA.
[17] Justamente, la
declaración de Scilingo es recordada como un punto de inflexión para APM, “ya
que hasta entonces muchos descreían de que [ellas] estuvieran diciendo la
verdad” (APM, 2007: 110). Más tarde, pese a la impunidad
todavía vigente, el 15 de junio de 1998 fue detenido Videla, “acusado de ser el
“autor mediato” de cinco apropiaciones de niños” (APM, 2007: 130). Y en enero
de 1999, “el juez federal Adolfo Bagnasco dictó el procesamiento y la prisión
preventiva a los represores Emilio Massera, Reynaldo Bignone, Cristino
Nicolaides, Rubén Franco, Jorge Acosta, Antonio Vañek y Héctor Fabres, por los
delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de
identidad. Bagnasco y el fiscal de la causa, Eduardo Freiler, recibieron el
testimonio de decenas de ex detenidos-desaparecidos, así como de personal que
actuó en los centros clandestinos, quienes confirmaron, entre otras
atrocidades, que en la ESMA hubo mujeres embarazadas, que fueron asesinadas a
poco de dar a luz y que sus hijos están desaparecidos. Estos testimonios
representaron un sólido respaldo al argumento que sostiene que existió un plan
sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos” (APM, 2007: 137). Sin
embargo, cabe señalar que recién en 2012 la Justicia dio por probada la
existencia de dicho plan.
[18] Con esa expresión,
se afirma en la publicación, el jefe del Ejército “hacía alusión a la causa en
la que el juez federal Claudio Bonadío había procesado por la desaparición de
15 militantes montoneros al ex dictador, al pedido de captura internacional
cursado por el juez español Baltasar Garzón, a los escraches de H.I.J.O.S., a
su procesamiento en Italia. Poco después el propio Brinzoni también enfrentaría
“dificultades” al ser denunciado por su participación en la Masacre de
Margarita Belén, Chaco, perpetrada mientras ocupaba el cargo de secretario
general de la intervención provincial. [En tanto, agrega la publicación] Ya el
15 de febrero [de 2003] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA había reiterado a la Argentina la necesidad de que los genocidas fueran
juzgados por los crímenes cometidos. Y en este contexto Brinzoni ejercía
presiones sobre la Corte Suprema de Justicia para que ratificara los indultos.
Pero el 6 de marzo Brinzoni se encontró ante otra “dificultad” cuando el juez
federal de Chaco, Carlos Skidelsky, declaró la invalidez de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final en la causa de la Masacre de Margarita Belén. Su
suerte quedó echada cuando el interinato presidencial de Eduardo Duhalde llegó
a su fin” (APM, 2007: 168-169).
[19] Tanto APM como el
resto de los organismos de derechos humanos repudiaron las palabras de Brinzoni
y exigieron su renuncia. “Estos dichos demuestran con claridad la
reivindicación institucional del actual jefe del Ejército a las violaciones a
los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar. Consideramos
que el general Brinzoni, quien ha presionado al resto de los oficiales en favor
de un emblocamiento corporativo, constituye un retroceso en la subordinación
del Ejército a las reglas de la democracia y la vigencia de los derechos
humanos”, expresaron en un documento conjunto (APM, 2007: 165).
[20] Según esta autora,
el discurso de Kirchner comienza a tomar forma mediante el trazado de una doble
frontera política: por un lado, una frontera que excluía un pasado reciente
representado por el menemismo y las consecuencias sociales del proceso de
reforma del mercado que desemboca en la crisis de 2001; por el otro, una
frontera –más ambiciosa- que excluía un pasado más remoto, vinculado con la
última dictadura cívico-militar y sus consecuencias y efectos perdurables en el
presente. Esta segunda frontera, añade Barros, se configuró como una crítica
que no se anclaba alrededor de nombres propios sino que se articulaba en torno
de la noción de impunidad; pues, a través de esta última noción, se significaba
un proceso de larga data que situaba a los gobiernos democráticos precedentes
en una línea de continuidad con la dictadura (2012: 61-62). Al respecto, Cf. también
Galante (2016).
[21] El 21 de agosto de
2003 fue aprobada la ley 25.779 que declara nulas las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. A partir de allí, en 2004, se reabrieron varias de las
causas que habían quedado truncadas durante los años 80.
[22] Esa relación de
contigüidad queda plasmada en el nuevo prólogo al Nunca Más,
escrito por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y añadido en 2006 a
la reedición (de Eudeba) del informe en el marco del trigésimo aniversario del
Golpe. Como señala Crenzel, “[e]l nuevo
prólogo, desde sus primeras líneas, propone una nueva forma de pensar el pasado
ya que contrapone el tratamiento de los crímenes dictatoriales que impulsa el
gobierno de Kirchner respecto de sus predecesores constitucionales desde 1983 y
ya no a los tiempos de violencia y dictadura con la democracia. En esta
lectura, el presente es calificado como un momento “histórico” y “excepcional”,
fruto de la política oficial y de su encuentro con «las inclaudicables
exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo
largo de las últimas tres décadas»” (2007: 56). Para un análisis comparativo
con el prólogo de la CONADEP, ver además Crenzel
(2008).
[23] El kirchnerismo no
sólo reivindica dicha militancia sino que la incluye en el campo de lo
legítimo. De ese modo rompe definitivamente con la parcialidad democrática de
los años ochenta y posibilita nuevos juegos de lenguaje a partir de los cuales
se subvierten ‘viejos’ sentidos –vinculados con la neutralidad política y la
imparcialidad de la justicia- alrededor de los derechos humanos. En esta
dirección, el cambio discursivo (que deja atrás la figura de la “víctima
inocente”) tiene su correlato en la HA, en la que sobreabundan –a diferencia de
los libros anteriores- las referencias a las pertenencias políticas, incluso a
agrupaciones de lucha armada, de los/as desaparecidos/as.
[24] No está demás
aclarar que este es el posicionamiento de APM y que la relación de los
organismos de Derechos Humanos con el gobierno de Kirchner no ha sido
homogénea. Por ejemplo, en relación con la creación del Museo de la Memoria (en
el predio de la ex ESMA) y los debates que se suscitaron –dentro y fuera de las
organizaciones- acerca de la relación entre Estado, memoria y derechos humanos,
cf. Carnovale (2006).
[25] Cf.
http://www.lanacion.com.ar/1750419-mauricio-macri-conmigo-se-acaban-los-curros-en-derechos-humanos
[26] Ver, por ejemplo,
http://www.infobae.com/2016/01/26/1785606-dario-loperfido-en-argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos
[27] Cf.
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57283/abuelas-denuncia-el-cierre-de-un-area-clave-para-recuperar-nietos