La disputa por la calle. Cuando los sectores conservadores irrumpen en el espacio de la movilización social
The dispute of the streets. When conservative actors bounce into the space of social mobilization
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Victoria Inés Darling
darling.victoria@gmail.com
Universidade da Integração Latino-americana, Brasil
RAIGAL. Revista Interdisciplinaria de Ciencias Sociales
Nº 1, octubre 2015 - marzo 2016 (Sección Dossier, pp. 23-34)
e-ISSN 2469-1216
Villa María: IAPCS, UNVM
http://raigal.unvm.edu.ar
Recibido: 13/09/2015 - Aprobado: 01/10/2015
Resumen
La actual era de movilizaciones sociales abre un sinfín de confusiones deliberadas que, dependiendo de la lente con que se mira, puede conducir a lecturas confusas. Por un lado, la movilización de sectores conservadores se apropia de la calle manifestando en el discurso la voluntad de ampliación democrática –en reminiscencias memoriales al proceso de transición democrática-, por otro lado, se invoca un espíritu republicano para deslegitimar opciones francamente democráticas. En paralelo, se desconocen banderas político-ideológicas y se consagra a valores universales como la paz, la libertad y justicia. Lo cierto es que al lento compás musical del abandono de la calle como espacio de confrontación y reclamo al Estado, fue ocurriendo un cambio de las figuras que ocuparon dicho espacio. Sectores conservadores que desconocían el espacio de la movilización encuentran hoy en la marcha una práctica destituyente. La investigación que presentamos busca definir los repertorios, las prácticas, expectativas y los usos de la memoria que exponen estos sectores. Consideramos las movilizaciones de junio de 2013 y marzo de 2015 en Brasil, así como las de febrero de 2015 en Argentina. En esa línea, realizamos una comparación con otros ciclos de protesta destacando las acciones visibilizan el conflicto social.
Palabras clave: movimientos sociales, prácticas destituyentes, crisis, ciclo de protesta, Estado
Resumo
A atual era de mobilizações sociais abre várias confusões deliberadas que, dependendo da lente do observador, podem levar a leituras incorretas. Por um lado, a mobilização de setores conservadores se apropria de rua em discurso da suposta vontade de expansão democráticas, por outro lado, invocam o espírito republicano para legitimar escolhas políticas de fato democráticas. Em paralelo, se desconhecem bandeiras políticas e ideológicas, e só se fala de valores universais, tais como paz, liberdade e justiça. A verdade é que ao ritmo musical lento do abandono do espaço da rua como espaço de confronto e reivindicação ao Estado, estava ocorrendo uma mudança das figuras que ocuparam dito espaço. Setores conservadores que desconheciam o espaço da mobilização encontram agora na marcha, uma prática destituinte. A pesquisa em curso que presentamos visa definir os repertórios, práticas, expectativas e usos da memória que os setores oponentes expõem. Consideramos para a análise, as mobilizações de junho de 2013 e março 2015 no Brasil, bem como as de fevereiro 2015 em Argentina. Nessa linha, fazemos uma comparação com outros ciclos de protesto destacando as ações que visibilizam o conflito social.
Palavras chave: movimentos sociais, práticas destituintes, crise, ciclo de protesto, Estado
Abstract
The current era of social movements opens up deliberate confusions that, depending on the lens of the beholder, can lead to misleading readings. On one hand, the mobilization of conservative actors appropriates the street expressing the will of democratic expansion memorials, on the other hand, a republican spirit is invoked to legitimize downright democratic choices. In parallel, political-ideological banners are unknown and they devote to universal values such as peace, freedom and justice. The truth is that at the slow musical rhythm of abandoning the street as a space of confrontation and claim the State was taking place and changed of the figures who occupied the public space. Conservatives who were unaware of the space are mobilizing putting in motion destituting practices. The research presented seeks to define the codes, practices, expectations and uses of memory that these sectors expose. We consider the social movilizations of June 2013 and March 2015 in Brazil as well as the ones in February 2015 in Argentina shows a new tendence. Along these lines, we compare thise events with other cycles of protest highlighting actions making visible the social conflict.
Keywords: social movements; conservative; crisis; Latin America
“El propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistirse a ella”.
William Roseberry, 2002.
“No queremos el impeachment. Queremos ver sangrar a Dilma hasta el 2018”.
Aloysio Nunes Ferreira
Senador y actual vice-presidente del PSDB
Al calor de los gobiernos actuales la conflictividad social fue cambiando de forma y contenido. Lejos de cristalizarse un campo minado por movimientos sociales autónomos en puja por radicalizar las promesas iniciales realizadas por Dilma Rousseff, Cristina Kirchner o Hugo Chávez, algunos movimientos sociales surgidos al calor de estos gobiernos asumieron las banderas de los nuevos líderes como propias, resignificando su lucha. Este proceso se sumó a la pérdida de motivaciones que antes eran el núcleo de las demandas de los movimientos sociales, como asignaciones sociales, generación de empleo, mejores condiciones de salud, educación y garantía de derechos básicos. Así es que al lento compás del abandono de la calle como espacio de confrontación de los movimientos sociales autónomos que participaron del ciclo de protestas de inicios del 2000, fue ocurriendo un cambio de las figuras que ocuparon dicho espacio. Sectores conservadores que desconocían el espacio de la movilización encuentran hoy en la marcha una práctica destituyente. Amparados en la memoria de procesos de crítica y destitución en 2001 en Argentina, 2003 en Bolivia y 2000/2005 en Ecuador, la actual oposición se apropia del repertorio de los movimientos sociales.
La actual era de movilizaciones abre un sinfín de confusiones deliberadas que, dependiendo de la lente con que se mira, puede conducir a lecturas confusas. Por un lado, la movilización de sectores conservadores se apropia de la calle manifestando en el discurso la voluntad de ampliación democrática –en reminiscencias memoriales al proceso de transición democrática-, por otro lado, se invoca un espíritu republicano para deslegitimar opciones francamente democráticas. En paralelo, se proyecta un tipo de movilización que desconoce banderas político-ideológicas –que siempre han sido parte constitutiva de una marcha- y se consagra a valores universales como la paz, la libertad y justicia.
El trabajo que presentamos es fruto de una investigación en curso se orienta a definir los repertorios, las prácticas, expectativas y los usos de la memoria que exponen los sectores opositores a los gobiernos de turno, de cuño conservador. Consideramos para el análisis las movilizaciones de junio de 2013, marzo y agosto de 2015 en Brasil, así como las de mediados de febrero de 2015 en Argentina. En esa línea, realizamos una comparación con otras experiencias de movilización social que vinculadas a los gobiernos aún en ejercicio, enmarcan acciones que a costa de la disminución de autonomía de los movimientos sociales, contienen y viabilizan el conflicto social. Finalmente, abordamos una reflexión al respecto de la “gobernabilidad progresista” que enmarca nuevos modos de hacer política, y por consiguiente nuevos modos de confrontación.
Y en este punto aún inicial, vale la pena una aclaración que funciona como advertencia antes de la partida. Las herramientas teóricas que recuperamos para el análisis apuntan a una interpretación que excede la lectura del conflicto en el seno de la sociedad civil como un espacio privilegiado de análisis, diferenciado del Estado. A partir de la perspectiva desarrollada por Antonio Gramsci, sobre todo en las notas a sus Cuadernos escritos en la cárcel de 1932, es posible profundizar y poner en juego la idea de la sociedad civil como espacio híper-vinculado al Estado y su reproducción. En esa línea, las prácticas estatales, hoy cristalizada en gobiernos “progresistas”, son asumidas como acciones enraizadas y vinculadas profundamente con la sociedad civil, esto es, con sus periódicos, revistas, partidos políticos, sindicatos, o sea, con las organizaciones y vehículos a partir de los cuales se difunde una visión de mundo o ideología. De esta manera es interpretado al Estado como “Estado ampliado”, entendiendo que “por Estado debe entenderse además del aparato gubernamental también el aparato ‘privado’ de hegemonía o sociedad civil” (Gramsci, 1932: C#6).
Así es que las diferentes acciones de la sociedad civil, incluso las prácticas conflictivas y violentas, contienen posicionamientos que se plantean a las estructuras de poder y a los sectores dominantes no homogéneos de la sociedad política. De esta manera, impactan en las políticas públicas, en los partidos y en las diversas manifestaciones concretas de la estructura de poder. Aún cuando esto pudiera arrojar la percepción de una supuesta sinergia, aquello que exponemos en cambio, es que tal imbricación compleja, predefine y consolida prácticas y espacios de poder en un Estado claramente difícil de transformar. Más aún, en su devenir, esta interpretación arroja luz sobre procesos sociales que aún en su radicalidad violenta, no se articulan con cambios reales en la dimensión estatal. Valga una referencia para explicitar esta noción, "Los Estados más avanzados se han convertido en una superestructura muy compleja y resistente a las irrupciones catastróficas del elemento económico inmediato (crisis). Las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de la guerra moderna" (Gramsci, 1932, C#13).
La hipótesis auxiliar que se extiende como telón de fondo de estas ideas es que los movimientos sociales del ciclo de protestas del 2000, así como las organizaciones políticas conformadas al calor de los gobiernos actuales que legitiman la práctica gubernamental, sólo han podido ocupar una parte del Estado. Analizando cada caso, la correlación sería diferenciada, no obstante, considerando los dos casos que planteamos en este ensayo a partir de la visibilización del conflicto por marchas y movilizaciones que disputan el espacio público en Brasil y Argentina, podemos argumentar que los procesos electorales de mediados de la década pasada y su consecuente puesta en práctica, sólo permitieron acceder en términos de representación de intereses a un sector que ocupó una parte del Estado. Ellos significa que otros poderes, que conforman también la dimensión estatal ampliada, son “propietarios” de sectores no poco importantes tales como el poder judicial, la corporación militar, ministerios vinculados a los grandes intereses del agro, así como sectores industriales con lazos estrechos sino dependientes a corporaciones internacionales. Y en esa línea, se vale una referencia a un autor boliviano que fue capaz de definir esa sujeción conservadora de intereses oligárquicos inmanentes a la conformación y devenir del Estado en América Latina. René Zavaleta sostiene que “en el momento mismo del auge de las masas (...) los pueblos miran a veces como su liberación a lo que suele no ser sino una disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos” (Zavaleta, 1986). La dominación oligárquica en nuestra región tiene ecos.
Diversos autores han tematizado la existencia de olas de movilización o ciclos críticos en América Latina como resultado de las transformaciones del Estado y del capitalismo. Para algunos, la región se caracteriza más por la persistencia de tiempos de crisis política, que por su tiempo de relativa estabilidad (Mires, 1989). No obstante estas consideraciones existen otras que permiten explicar con mayor profundidad los tiempos cortos y tiempos largos en que ocurren trasformaciones políticas, reflejo de confrontaciones sociales abiertas.
Sidney Tarrow acuñó el concepto “ciclos de protesta” en su obra El poder en movimiento (1994). Con él, inaugura una recuperación de algunos conceptos trabajados en la academia norteamericana. Si bien en la región, la perspectiva europea de los Nuevos movimientos sociales de la mano de Alain Touraine fue dominante durante los años ’80 para explicar los fenómenos de movilización y recuperación del espacio público contestatario como resultado de la transición a la democracia; en los ’90, la perspectiva de la “acción colectiva” fue considerada referencia para pensar los procesos críticos desatados[1]. Sin dejar de considerar las necesarias críticas a la recuperación de ambos enfoques –que desde una perspectiva más abarcativa, se inscribirían en un escenario de rescate teórico mayor que incluye a la Teoría de la movilización de recursos y la Estructura de oportunidades políticas-, vale destacar la especificidad de una de las claves analíticas que colaboró en el análisis de procesos disruptivos.
En esta línea, entendemos por ciclo de acción colectiva la “fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada, y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades" (Tarrow, 2012: 342). Es así que ciclos de radicalización cualitativa de demandas sumada a una mayor cantidad de hechos de confrontación, colaborarían en la generación de un ciclo.
En América Latina, podemos identificar recientemente la apertura de ciclo de protestas en el año 2000 como consecuencia de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia. Como atinadamente señaló el Observatorio Social de América Latina, OSAL, de CLACSO[2] “En 19 países de la región latinoamericana a lo largo del 2000 y hasta el 2002 se dio un crecimiento de los hechos de conflicto relevados del orden de más del 180%” (OSAL, 2006). Como hemos evidenciado, dicho ciclo de protestas tuvo una especificidad, que radica en su potencialidad destituyente. Movilizaciones sociales de envergadura colocaron como protagonistas a movimientos sociales que en virtud del sostenimiento de su lucha en el espacio público y con repertorios diversos, ejercieron presión para exigir la renuncia de sus Presidentes, constitucionalmente electos. Los casos más significativos han sido las manifestaciones sociales que colaboraron en derribar gobiernos democrático-constitucionales, como ha sido el caso de Ecuador en 2000 (presidente Mahuad) y 2005 (Presidente Lucio Gutiérrez), Argentina hacia fines del año 2001 (presidente De la Rúa), y Bolivia en 2003 (presidente Sánchez de Losada) y 2005 (presidente Carlos Mesa).
Las características que signan el ciclo que va del 2000 al 2005, aproximadamente, son múltiples. Se presentan públicamente nuevos actores colectivos y se radicalizan otros ya existentes, se manifiesta contundentemente el rechazo al sistema representativo vigente cristalizado en los gobernantes que ocupaban el gobierno, se manifiesta un profundo desagrado con las formas de hacer política desde el Estado así como se reclama abiertamente autonomía. Autonomía que no sólo adquiere sentido en términos de conformación alter-estatal sino que incorpora elementos significativos propios de valores comúnmente asociados a la práctica de vida de los pueblos originarios, como el vínculo con el territorio, la horizontalidad, la asamblea como espacio de deliberación y la reciprocidad.
Sintetizando algunos de los resultados más significativos de las numerosas luchas y conflictos que condensa el ciclo de protesta que se inicia con el nuevo siglo, vale destacar que de las ocho situaciones críticas más importantes que se enuncian a continuación, seis concluyeron con la caída de los presidentes de turno: Perú en 2000, Argentina en 2001, Venezuela en 2002, Bolivia en 2003 y 2005, Ecuador en 2000 y 2005, y, Honduras en 2009.
Son significantes de este ciclo, tanto la emergencia de sectores sociales que habitan las periferias urbanas, antes desmovilizadas, o sea, sectores que se incorporan por primera vez a la dinámica contestataria en las calles, como la expresión multiclasista de los conflictos desatados, resultado de una estructura social en crisis signada por importantes sectores sociales excluidos. Lo cierto es que a modo de capas geológicas en aumento de espesor, confrontaciones sociales en Argentina, se seguían de otras en Bolivia, y en Ecuador, y nuevamente en Bolivia, y en Venezuela, alcanzando una onda expansiva que alcanzó a todos los países del Cono Sur. En paralelo, se profundizaban al interior de las sociedades en movimiento, las demandas. De demandas locales, en un movimiento de intersubjetivación crucial, quienes se movilizaban fueron atreviéndose a realizar demandas más importantes, llegando como en los casos mencionados a demandas de renuncia del primer mandatario. Un buen ejemplo es el de Bolivia, donde las manifestaciones a inicios de 2003 en El Alto se orientaban a impedir que se aplicara un impuesto municipal de cadastro de terrenos y viviendas (formularios Maya Paya), y dicha demanda fue ampliándose día a día, mes a mes hasta exigir no sólo que la venta de gas del país a Estados Unidos no pase por el territorio de Chile, sino que además el recurso sea nacionalizado. Dicha demanda como sabemos, en un movimiento incremental alcanzó la exigencia de renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada.
Ahora bien, el ciclo de protestas sociales abierto en el año 2000 en América Latina podría considerarse en proceso de cierre al tiempo que nuevos gobiernos fueron llegando al poder. Se trata de los llamados “gobiernos progresistas”. La apertura del relato progresista significaría para los movimientos sociales autónomos la oportunidad de encontrar espacios de construcción en tiempos de calma, aparentemente ya no signados por la violencia y criminalización estatal. En este punto los casos se bifurcan, si bien la asunción de Lula da Silva en Brasil representa una apuesta constituyente para el Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra, en Bolivia, el Movimiento Cocalero como parte del Movimiento al Socialismo se considera directamente en el poder representado en el gobierno de Evo Morales. Incluso en Uruguay, la asunción de Tabaré Vázquez en 2005 incorpora las demandas más intensamente transmitidas por los trabajadores del sector público movilizados durante todo el periodo anterior, sobre todo en 2002 frente a las privatizaciones del entonces presidente Batlle. En el caso de Argentina, los movimientos sociales que nuclean organizaciones de desocupados y fábricas recuperadas por sus trabajadores apoyan al gobierno de Kirchner en 2003, pero sin abandonar sus demandas y en parte, su desconfianza.
Hacia el año 2010, los movimientos sociales de la región ya tenían un panorama más claro de la apuesta gubernamental en juego. El modelo de desarrollo signado por la exportación de commodities garantizó la consolidación de un nuevo bloque de poder con fracciones vinculadas al capital financiero transnacional, a sectores vinculados a la industria existente y a aquellos ya conocidos, asociados a los sectores oligárquicos tradicionales. No obstante el crecimiento económico sostenido de los países latinoamericanos, vinculado estrictamente con al alza de los precios internacionales de las materias primas y a las políticas redistributivas asociadas a él, los movimientos sociales comenzaron a actuar como señalizadores de las fisuras de un modelo de desarrollo regresivo.
Con demandas vinculadas al reclamo por la sobre-utilización y mercantilización de los recursos naturales, diversas agrupaciones y colectivos comenzaron a visibilizarse. Posicionándose en favor de la defensa de la autonomía y en la creación de una apuesta soberana de cuidado de los recursos, manifiestan los límites naturales del modelo de desarrollo movimientos sociales aparentemente polarizados –en virtud de su lejanía de los centros urbanos-, de anclaje local, con diversa composición social y en muchos casos, de preeminencia indígena. Estos actores, dispersos y menos masivos que los movimientos sociales del ciclo anterior, se presentan intermitentemente contra las minas a cielo abierto, el método de fracking o fractura hidráulica para la excavación de gas no convencional, la contaminación de los ríos, la creación de represas y la contaminación hidrocarburífera.
Esta politización desde un “no lugar”, considerando que “un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política” (Tapia, 2008: 2), se re significa debido a su potencial transformador en el presente y sus reminiscencias a saberes indígenas y campesinos.
La lucha del nuevo ciclo de protestas es ni más ni menos que por la vida humana, por la supervivencia del planeta y por el uso razonable de los recursos naturales. Las numerosas luchas que se libran ya no tienen como sujeto de confrontación al Estado, sino que el Estado es quien asegura la preeminencia del gran capital cristalizado en empresas transnacionales. Experiencias como la de los mapuches en defensa del extractivismo forestal, la resistencia al proyecto “mirador” en Ecuador, la resistencia contra la megaminería en el Valle calchaquí argentino, o la lucha contra las condiciones de extracción minera en Chiapas, México, son parte de este derrotero crítico.
Vale aclarar además, que la consideración del ciclo de protestas abierto remite de manera contradictoria a una numerosa cantidad de luchas, que por su especificidad, no alcanzan un carácter nacional o regional. Su respuesta no articulada impide la visibilización del fenómeno en la oposición pública como ha ocurrido en ciclos anteriores. Un buen ejemplo en este sentido es Perú, que desde 2011, año en que asumió la presidencia Ollanta Humala, pueden contabilizarse más de 200 conflictos ambientales[3]. Esta situación conduce a una reflexión acerca del tipo de confrontaciones que se llevan a cabo, confrontaciones que en algunos casos son de extrema violencia y amenaza y que, por su distancia con los centros geográficos más importantes, dificultan una articulación cohesionada.
Iluminando el escenario de la movilización social en las grandes ciudades latinoamericanas, es posible evidenciar a lo largo de los últimos cinco años, actores colectivos diferentes a los anteriormente mencionados. Considerando los casos de Argentina, Venezuela y Brasil se visualizan procesos de movilización asociados a la izquierda del espectro político, simpatizantes a sus gobiernos, y paralelamente, de manera intermitente, sectores conservadores movilizados, que se apropian de la calle otorgándole nuevos sentidos. Lo cierto es que las marchas en tiempo progresistas, como dinámica contestataria de reclamo y visibilización, se han transformado más en una vidriera -para los medios que transmiten a modo de competencia la cantidad numérica de movilizados-, que en el espacio de “intersubjetividad crucial” tradicional, revelador de exigencias de cambio social.
Gobiernos llamados progresistas, como Cristina Kirchner en Argentina y Chávez en Venezuela en 2010, construyeron espacios colectivos de organización y debate político con el fin de colocar en el centro del debate “la política como praxis cotidiana”. En ese sentido, se dio impulso, o sea, recursos materiales y simbólicos, a espacios de organización colectiva que se convertirían en agrupaciones militantes compuestas principalmente por jóvenes. En el caso argentino, organizaciones como La Cámpora, o de menor escala Jóvenes al frente, se posicionaron en el espacio público como canalización de una demanda de participación política más activa. Estas agrupaciones, simpatizantes del proyecto gubernamental, colaboran en proyectos de gran envergadura orientando políticas públicas, y a nivel local, fomentando la aplicación de políticas tales como la realización de actividades de asistencia a sectores sociales empobrecidos, desarrollo de campañas de alfabetización, vinculación con organizaciones de la sociedad civil de mayor antigüedad e incluso, se proyectan regionalmente tejiendo lazos con otras organizaciones políticas afines ideológicamente. Este mismo tipo de experiencia de organización social y política existe en Venezuela. Se trata de jóvenes vinculados al PSUV organizados en las llamadas “estructuras juveniles de la Revolución”. Estas agrupaciones también realizan tareas de acompañamiento de las misiones y cristalizan que algunas de las afirmaciones de acción clamadas discursivamente, sean llevadas a la práctica.
Estas organizaciones otorgan una renovada legitimidad a sus gobiernos, construyendo a su vez, una masa crítica vinculada capilarmente a espacios locales conformando una red de relaciones de nuevo tipo. Son fuente de legitimidad y apoyo, y a su vez, sostén de las políticas asumidas como parte de un proyecto de cambio. En ese sentido, ocupan el lugar de los partidos políticos tradicionales resignificando la praxis del movimiento social.
La aparición de estas organizaciones políticas, la aparente sustitución de los movimientos sociales que les dieron a los gobiernos legitimidad y sustento político popular, vuelve al escenario de protesta confuso para el análisis. Aquello que percibimos al calor de los medios de comunicación –radicalmente posicionados, tal vez como nunca antes de manera tan explícita- genera una “ilusión de sociedad movilizada”. Es posible considerar que este fenómeno es propio de la legitimación que el relato progresista construye, apuntalando experiencias de movilización social y en forma paralela relativizando las movilizaciones locales, propia del presente ciclo de protestas que cuestiona el modelo de acumulación vigente.
Cabe señalar que el ciclo de protesta al que asistimos se vio atravesado por dos experiencias de interrupción de gobiernos democráticamente electos. Uno de los casos es el de Honduras en junio de 2009, suceso que impidió el llamado a una Asamblea Constituyente y culminó con la expulsión del presidente Manuel Zelaya de su país, crisis que se extendió con movilizaciones sociales hasta inicios de 2010. Y el segundo caso, el de Paraguay en 2011, golpe que fue catalogado como institucional por la prensa pero que lisa y llanamente consistió en la construcción de una causa judicial al presidente Fernando Lugo debido a un caso de represión policial realizado en Marina Cué. El caso tuvo como consecuencia un vertiginoso llamado de la coalición opositora en el Parlamento a un juicio político al presidente y una posterior veloz destitución.
La diferencia con el ciclo anterior radica en primer lugar en la vertiginosidad del proceso de interrupción de facto. En segundo lugar, la destitución presidencial en ambas oportunidades tuvo como protagonistas a sectores vinculados a la representación democrática en el Congreso de la nación. Y en tercer lugar, llama la atención la relativa débil articulación de los movimientos sociales para organizarse y manifestarse de manera sostenida en el tiempo.
Lo cierto es que mientras el clima de protesta del ciclo anterior ya no ha vuelto a mostrarse, en su lugar, asistimos a un escenario novedoso, de relativa sorpresa en virtud de la toma de la calle por sectores que pugnan por un cambio social vinculado a ideas asociadas a la conservación del orden en el marco del capitalismo dependiente. En ese sentido, en virtud de sus características, en términos teóricos, no es pertinente considerarlos movimientos sociales.
Si consideramos que los movimientos responden a oportunidades políticas, a través de formas conocidas, movilizando sujetos en el marco de redes sociales con supuestos culturales compartidos (Tarrow, 1994), y que, deberían caracterizarse por la puesta en práctica de repertorios propios, con una estructura organizativa definida, probablemente con autoridades, perdurable en el tiempo, que teje relaciones de solidaridad con otros espacios de articulación colectiva y en expresa autonomía del Estado, entonces, esta definición académicamente consensuada, pareciera perder capacidad explicativa en estos casos.
Ahora bien, repertorios son los medios utilizados para plantear exigencias, los modos, las modalidades de que la acción colectiva asume para visibilizase. Es así que en cada movimiento social, en cada ciclo de protesta, se ponen en práctica repertorios nuevos y otros ya conocidos se experimentan de manera renovada animando referencias a una memoria de luchas anteriores. E particular, repertorio es un concepto de Charles Tilly que oportunamente recupera Sidney Tarrow para referirse a diversos casos históricos en los que se destacan las manifestaciones pacíficas propias del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la barricada como manifestación de los republicanos franceses en el siglo XIX, entre otros.
En Argentina, el 18 de febrero -18F- de 2015 se desarrolló una movilización que acaparó la atención pública. Sectores críticos al gobierno y sectores políticos concentrados en la izquierda del espectro político partidario –que no apoya al gobierno- se posicionaron criticando la labor del Sistema Judicial actual y las acciones del gobierno que desde ese punto de vista, obstruyen la justicia. Vale aclarar que esta movilización antecede la disputa electoral a desarrollarse hacia final de año, y cuenta con el apoyo de uno de los grupos mediáticos más importantes del país (Grupo Clarín). El factor que dirimió aguas en esta oportunidad es la muerte dudosa del fiscal federal Alberto Nisman, quien en el momento de su muerte se encontraba próximo a presentar una denuncia contra la Presidenta de la Nación. La acusación se sustentaba en el supuesto delito de encubrimiento de sospechosos iraníes acusados de haber realizado un atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, que tuvo como consecuencia la fatal muerte de 85 personas.
Las movilizaciones comenzaron por la tarde en una jornada lluviosa y convocaron, según el diario que colaboró en promoverla, a 400 mil personas. Los fiscales que la convocaron son reconocidos y el titular del gremio de los empleados judiciales Julio Piumato, la encabezó. La marcha se desarrolló con los fiscales y familiares con los brazos entrelazados caminando detrás de una gran manta negra que versaba: “Homenaje a Alberto Nisman. Marcha del Silencio”. El origen de la marcha fue la Plaza de Mayo, el punto de llegada, las oficinas de la Asociación Mutua Israelí Argentina.
El repertorio consistió en acciones concatenadas autodenominadas pacíficas. En primer lugar se cantó el himno de la nación, luego de la espera para una concentración mayor de gente se procedió a la caminata en silencio, y finalmente se elevaron gritos que expresaban las demandas. “Justicia”, “Nisman presente”, “Argentina” y “Viva la patria”, fueron las consignas más vitoreadas. Luego de la marcha se detuvieron en un pequeño escenario elevado en el cual se leyeron cartas y se ofreció un minuto de silencio.
El caso de la movilización del llamado 18F remite a otras similares, recientes, en América Latina, como las de Venezuela en marzo de 2014 y más cercanas en el tiempo, las ocurridas en febrero de 2015 en las grandes capitales brasileñas.
En Sao Paulo y otras grandes ciudades como Rio de Janeiro y Porto Alegre el día 16 de agosto del presente año salieron a la calle una enorme cantidad de personas en rechazo al gobierno. Las movilizaciones convocadas por partidos y organizaciones sociales de la oposición como el Movimento Brasil Livre, Revoltados Online, Vem Para Rua, y en particular el partido da Social Democracia Brasilera (PSDB), fue también promovida por el grupo de medios de comunicación O Globo. Así también, una importante cantidad de personas fueron convocadas por las redes sociales, Facebook y twitter. En virtud de la convocatoria y de las propias movilizaciones, la demanda más importante manifiesta fue: “impeachment a Dilma”, y “fim a corrupcao”. La reacción caudalosa de críticas provino de un proceso de desvelo mediático y judicialización de una red de desvío y lavado de dinero de arcas de la empresa pública Petrobras a la fuerza partidaria en el gobierno, el Partido dos Trabalhadores. La operación que involucra prácticas de corrupción y lavado de dinero fue denominada “lava jato”. El desvío reveló una red de encubrimientos y asociación ilícita entre el financiamiento las de campañas electorales de los partidos políticos más importantes de Brasil y la empresa pública de hidrocarburos, razón por la cual fueron condenados a prisión preventiva diversos funcionarios y ex funcionarios gubernamentales, como el ex ministro de Casa Civil José Dirceu, su hermano Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, entre otros 48 casos de parlamentarios denunciados.
En este escenario, la vehemencia del reclamo que convocó a las movilizaciones fue personificada por el senador Aécio Neves, candidato del PSDB que por escasa margen de votos, perdió la última elección con la actual Presidenta reelecta, Dilma Rousseff. Aécio se convirtió en referencia de las protestas en 2014, incluso filmando videos de promoción y llamado a la movilización que comparte a través de su cuenta de Facebook. Uno de los más populares, es el que publicó hacia fines del año pasado denominado: “Venha manifestar sua indignacao!” (Terra, 2014).
Las estimaciones de los medios más importantes de Brasil indican que medio millón de personas se movilizó en las ciudades más importantes del país, contabilizando cerca de 100 mil sólo en la ciudad de Sao Paulo (Lima, 2015). Los carteles que manifiestan los reclamos son variados, pero a diferencia de las movilizaciones de junio de 2013, cuentan con un mensaje unificado de descontento y desaprobación de la actual gestión. Las consignas que se expresan son “Vem para rua” (que se constituye incluso como movimiento organizado), “Fora corruptos”, y “Intervencao militar já”.
Resulta interesante señalar los “usos de la memoria” en este tipo de movilizaciones, sobre todo en la catalización producida el 16 de agosto, que fue la tercera marcha en menos de seis meses (quedó atrás el cacerolazo o “panelaco” de marzo reciente), que tuvo como principal demanda la destitución de la Presidenta Dilma. Justamente la elección de la fecha remite al proceso de destitución del Presidente Collor de Melo 23 años atrás. El juicio político realizado al entonces primer mandatario fue motivado por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en un clima de crisis hiperinflacionaria con retención de depósitos bancarios de los ciudadanos. El proceso de juicio fue extendido en el tiempo e implicó la alianza de diversos movimientos sociales con partidos políticos opositores al entonces Partido de la Reconstrucción Nacional (PRN).
En aquella oportunidad, más de dos décadas atrás, manifestantes vestidos de negro salieron a la calle exigiendo la salida del primer mandatario. En oposición, Collor pidió a sus seguidores que para mostrar su apoyo, salieran vestidos con camisetas amarillas y verde. Como en esta oportunidad, en agosto las imágenes de la movilización muestran centenas de personas con el rostro pintado y llevando ropa de color verde y amarillo. De modo de demostrar el rechazo a tal uso de la memoria, el ex Presidente Lula, días después de la movilización del 16 de agosto, repitió la frase “No al “democracidio”. La frase, apuntada por dirigentes del PT fue acuñada en un acto realizado para manifestar el apoyo a Dilma en el que asistieron tanto militantes del partido como campesinos sin tierra. Todos ellos fueron vestidos de color rojo (Pignotti, 2015).
En relación al pedido de intervención militar, pues, resulta asombrosa la recuperación de la experiencia fáctica como remembranza de “aquellos tiempos mejores”. Para algunos, el gobierno militar significó paz y progreso, para otros de los manifestantes, estabilidad. Esa posible síntesis de valores fue colocada como motor de cambio recientemente por grupos que entienden que la democracia también puede construirse por la fuerza.
Vale destacar que una pesquisa divulgada el 14 de agosto por el Instituto Data Popular, muestra que el 71% de los electores brasileños evalúa que los partidos de la oposición “reaccionan por interés propio y no por el bien del país”. La encuesta fue realizada entre los días 1 y 4 de agosto, con 3 mil electores en 152 municipios del país. Más aún, la pesquisa también señala que el 92% de los electores concuerdan con la frase: “Todo político es ladrón” (Gomes, 2015). Los datos permiten asociar el descontento con el sistema político a las expresiones que se despliegan en las calles. Es posible argumentar que para muchos los problemas actuales de la democracia –considerando las escasas experiencias de judicialización de los actores y procesos políticos de la última dictadura militar 1964-1985- pueden ser resueltos por actores que por la fuerza impongan el orden. La democracia como valor parece entonces remitirse a la instauración de un orden específico y en ese sentido legitima el impeachment frente a la crisis política.
Lo cierto es que el tiempo de calma que se vive con posterioridad a las últimas movilizaciones se debe en parte al acuerdo alcanzado recientemente por el gobierno con el titular del Senado, Renán Calheiros, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En virtud de este pacto, pudo retársele importancia política a las acciones del evangelista jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. En ese sentido, la alianza PT-PMDB le da al gobierno un respiro en tanto se desacelera la iniciativa de votación del impeachment, ya redactada por el sector mayoritario que representa Cunha en la Cámara baja.
Históricamente, la marcha sobre las calles y rutas ha sido considerada el repertorio de movilización social y político más utilizado para mostrar insatisfacción y descontento popular. Al menos en los dos últimos años este formato de visibilización, encuentro y lucha colectiva ha sido utilizado por sectores que discrepan con gobiernos electos democráticamente pugnando por su destitución. Marchas “blancas”, “de silencio” o “pacíficas” se desarrollan países del Cono Sur agregando a sectores de clase media que no se proponen componer una organización con perdurabilidad en el tiempo sino que se presenta inflamada al calor de la coyuntura. De manera concomitante, otros, nuevos movimientos políticos, vinculados orgánicamente a los partidos en el poder, se movilizan de manera flexible, moviéndose tanto en espacios institucionalizados como informales. Se identifican con los movimientos sociales del ciclo de luchas del 2000 y al mismo tiempo se diferencian porque no encuentran en la autonomía del Estado un parteaguas legítimo.
Mientras los gobiernos peligran, estos movimientos radicalizan su apoyo vis á vis se visibilizan expresiones institucionales, en general provenientes de los partidos opositores o del propio Congreso Nacional con perfil destituyente. El juego democrático parece permanecer en el centro de esta disputa que alberga la apariencia de un Estado ampliado, no ajeno a contradicciones, con poderes fácticos que impactan en él.
El escenario político movimentista actual se complejiza pero a todas luces habilita lecturas clarificadoras si aquello que se pretende es tomar distancia de la trayectoria presentista recuperando en la memoria los elementos que hilvanan las prácticas. Tal vez no se trate de un escenario tan novedoso. Tal vez la lucha por la democracia nunca haya sido tan vapuleada y al mismo tiempo, tan necesaria.
Gomes, R. (2015) “Para 71% dos brasileiros, oposicao a Dilma age por interesse próprio e nao pelo Brasil”, en Rede Brasil atual, 14-08-2015. www.redebrasilatual.com.br. Entrada: 15 de agosto de 2015.
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Zavaleta, René (1986) Lo nacional-popular en Bolivia, Plural, Bolivia (2005).
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Victoria Inés Darling
darling.victoria@gmail.com
Maestra en Estudios Latinoamericanos y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidade Federal da Integracao Latino-americana, en Brasil.
[1] Algunas de las siguientes variables permiten colaborar en construir un argumento crítico que entiende como problemática la traducción acrítica de conceptos de realidades diferenciadas para el análisis del caso latinoamericano. En particular, para el caso latinoamericano, no pueden dejar de considerarse a) el carácter centralizado del Estado, b) el grado de consolidación de la democracia (o sea de las instituciones), c) el lenguaje de las demandas políticas y sociales del movimiento social que las expresa, y d) el contenido de las demandas propiamente.
[2] Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
[3] Algunos casos relevantes de Perú señalan a Pichanaqui, donde una protesta generalizada ha logrado expulsar de la región a la petrolera argentina Pluspetrol. Por su parte en Cañaris, el movimiento comunal impidió la explotación minera de la empresa canadiense Candente Cooper Corp. Incluso el proyecto Conga, situado en la sierra norte de Cajamarca, conocido por la lucha del movimiento campesino de Las Rondas y por la figura de Máxima Acuña, que resiste en sus tierras bajo amenaza de la multinacional Yanacocha.